Tribunal Constitucional español anula extradición de Carlos Mattos

EL EMPRESARIO CARLOS MATTOS, PRESIDENTE DE HYUNDAI COLOMBIA, JUNTO A SU HERMANO JORGE MATTOS Y UN GRUPO DE ACCIONISTAS CARTAGENEROS, DECIDIERON SER LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO URBANISTICO MAS GRANDE QUE SE HAYA LEVANTADO EN LA COSTA ATLANTICA. (COLPRENSA)

El Tribunal Constitucional español anuló este viernes la extradición hacia Colombia del empresario Carlos Mattos al entender que se había vulnerado su derecho «a un proceso con todas las garantías», indicó este tribunal.

En junio, la Audiencia Nacional, encargada de los procesos de extradición en España, había aprobado la entrega de este empresario colombiano acusado de pagar sobornos a funcionarios judiciales para ganar un pleito contra la multinacional surcoreana Hyundai.

La extradición, que todavía no había recibido el necesario visto bueno del gobierno español, quedó en suspenso por un recurso de amparo presentado por Carlos Mattos ante el Tribunal Constitucional, que le dio ahora la razón.

«La sentencia anula la decisión (…) al considerar que se han vulnerado los derechos del reclamante de amparo a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías», indicó el Tribunal Constitucional en un comunicado.

Según sus magistrados, toda la causa se fundamenta en un escrito de acusación de la fiscalía colombiana «carente del genuino refrendo judicial», con lo que «han incurrido en un déficit de tutela del derecho a la libertad del reclamado».

Con doble nacionalidad española y colombiana, Mattos se había refugiado en abril de 2018 en España alegando un delicado estado de salud y meses después fue reclamado por la fiscalía de su país por un supuesto soborno a funcionarios judiciales para ganar un pleito.

El caso corresponde a una demanda de Hyundai Colombia (de la cual Mattos era el mayor accionista) contra la surcoreana Hyundai Motor Company para impedir que la multinacional comercializara automóviles y repuestos con empresas distintas a la suya.

Según la documentación judicial tramitada por la fiscalía colombiana, el soborno se elevaría a 200 millones de pesos (unos 54.000 dólares).

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