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La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia de la magistrada Julieta Isabel Mejía Arcila, confirmó la condena contra Ángela Johana Guerra Urueña y Ediberto Rojas Torres por el crimen de ‘Sarita’, la niña que fue abusada, torturada y asesinada en Armero – Guayabal. La menor falleció el 22 de abril de 2017.
Por tal razón, en el caso de Ángela Johana Guerra Urueña deberá permanecer 39 años y ocho meses por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado del que fue víctima Sara Ayolina Salazar Palacios con escasos tres años de edad. Mientras al hombre le fue ratificada la condenada a 13 años por el delito de tortura agravada en su condición de garante.
Guerra Urueña había sido absuelta por la conducta punible de acceso carnal violento agravado.
Durante el juicio hubo testimonios de 56 declarantes, seis de ellos de la defensa, con los cuales se logró demostrar que la niña permanecía en la vivienda de los Rojas – Guerra en la finca El Limonar, ubicada en la vereda la Joya, de Armero – Guayabal. Allí convivían los dos adultos y cuatro menores de edad, entre ellos dos hijos de la mujer, un hijo en común de la pareja y ‘Sarita’.
Entre tanto, Rojas Torres fue condenado al omitir los signos de maltrato que presentaba la niña.
Murió solita
El 21 de abril de 2017 ‘Sarita’ fue llevada en muy malas condiciones de salud. Llegó inconsciente al Hospital Nelson Restrepo de Armero – Guayabal. Su madrina y una hermana la llevaron en una motocicleta. La menor falleció hacia el mediodía del 22 de abril de 2017 en el Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, donde quedó sola, sin ninguna persona que la acompañara.
La menor ingresó en malas condiciones de salud, falta de aseo e higiene; tenía traumas múltiples en el cráneo, hematoma occipital, laceraciones en la boca, ausencia del tabique nasal, cicatrizaciones hipopigmentadas antiguas en la piel, lesiones a nivel genital e insuficiencia respiratoria.
Ya en Ibagué también se evidenció que a la niña le faltaba la uña del tercer dedo de la mano derecha con herida, en la izquierda, una amputación de la punta del tercer dedo de la mano izquierda, lesiones en el introito vaginal y esfínteres complacientes. Asimismo, en la necropsia se plasmó que la niña tenía un callo en el húmero y fémur izquierdo, por una fractura que soldó sola. Además sufrió lesiones o traumas con elementos contundentes sin que hubiera recibido atención médica especializada en ortopedia.
Aunque el cuerpo de la pequeña tenía evidencias en un abuso sexual crónico, no lograron obtener espermatozoides en el momento de la inspección del cuerpo y por ende no se determinó el culpable de los accesos carnales.
Según el dictamen de Medicina Legal, la niña murió de manera violenta por trauma encefálico, ‘síndrome de zarandeo’, el cual se presenta cuando un adulto ejerce fuerza que doblega al menor o lo mueve de adelante hacia atrás o de forma horizontal que la cabeza se mueva como un péndulo generando una lesión.
Vida de tortura
La menor llegó al hogar de sus padrinos el 4 de marzo de 2016, cuando la progenitora Ruth Salazar Palacio, en la Comisaría de Familia de Armero – Guayabal, les otorgó la custodia personal y solidaria de la menor a Angéla Johana Guerra Urueña y Ediberto Rojas Torres.
Como lo había indicado el Juez de primera instancia, “la niña se acostumbró al maltrato a su corta edad”. Recoge el fallo de segunda instancia, que la tortura de la pequeña inició el 26 de mayo de 2016, cuando fue ingresada al Hospital Nelson Restrepo Martínez de Armero – Guayabal, donde según el diagnóstico médico, ‘Sarita’ tenía una alergia o celulitis en su rostro, una quemadura por la aplicación de vinagre y anemia severa.
Por lo anterior, la niña fue remitida hasta el Hospital Regional del Líbano, donde observaron que tenía abrasiones superficiales en el rostro, quemaduras grado II, signos de desnutrición, ligera anemia, déficit de hierro y desnutrición proteico calórica; morados en el mentón y ausencia de cabello por fracción – halado, lo cual era sospechosamente compatible con maltrato infantil.
Es de recordar, que de este centro asistencial la niña salió sin ningún tipo de seguimiento por el maltrato infantil.
Durante el juicio se demostró que ‘Sarita’ estaba desescolarizada pues los padrinos la retiraron del Centro de Desarrollo Infantil Jardín Mis Sueños, lo que demostró el desinterés y abandono en que los acusados tenían a la víctima.
Tome nota
Hay un proceso aún en contra de la entonces Comisaria de Familia de Armero Guayabal, Katherine de los Ángeles García Rodríguez.
