IBAGUÉ. Los menores de edad y jóvenes con discapacidad cognitiva de la Fundación Peces Vivos eran víctimas de tortura y maltrato físico y psicológico. Así lo informaron la Policía Metropolitana y Fiscalía, quienes en operativos simultáneos en la capital Musical capturaron a ocho mujeres y dos hombres, funcionarios señalados de ser los culpables.
Historia. Meses atrás la comunidad de La Pola había denunciado que algo extraño pasaba en lo que denominaron ‘La Casa del Terror’, donde funcionaba la Fundación Peces Vivos que tenía una capacidad para 40 niños en condición de vulnerabilidad y que a su vez era contratista del Icbf.
En la vivienda de la carrera Segunda número 7-69 que fue de propiedad de Clarita Botero de Santofimio y que desde hacía 16 meses era sede de la institución se escuchaban gritos desgarradores especialmente a la madrugada. En una ocasión, al parecer varios jóvenes rompieron unos vidrios y se escaparon del sitio por lo que la Policía y el Cuerpo de Bomberos acudieron a la emergencia.
Sin embargo, en junio de este año un ex funcionario relató a las autoridades lo que realmente sucedía al interior del centro protector.
“Por instrucciones de la Fiscalía General de la Nación se capturaron a 10 personas que prestaban supuestos servicios de atención y protección a un número importante de niños y niñas en situación de discapacidad a lo largo de estos años, y que fueron objetos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes sancionados penalmente por las leyes colombianas”, refirió Mario Gómez, Fiscal Delegado para la Violencia Contra Niños y Niñas adscrito al despacho del Fiscal General de la Nación.
Inhumanos. Los indefensos eran amarrados a sus camas, los empleados de Peces Vivos les suministraban droga para controlarlos supuestamente como medida terapeuta y así evitar actos de indisciplina: “Fueron sometidos a doctrinas militares ante cualquier circunstancia como no comer o comerse las uñas, fueron castigados con actos criminales y que deben ser absolutamente rechazados. Esa fundación tenía un convenio vigente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Había niños y niñas, y jóvenes mayores de 18 años que habían obtenido la declaratoria de adoptividad”, señaló Gómez.
No les bastaba. Dentro de los actos repudiables, los ‘torturadores’ utilizaban la técnica de la ‘mascarilla de sopa’, es decir que cuando las víctimas no se tomaban el alimento se lo lanzaban en sus caras. También los obligaban a hacer sus necesidades fisiológicas mientras estaban atados en sus camas.
¿Quiénes eran? El organigrama de la red delictiva era liderada por la directora de la Institución, Johanna Dignore Rodríguez Olaya y su madre, Dignore Olaya Hernández, quien se desempeñaba como la coordinadora. Además, por profesionales en áreas de las Ciencias Sociales y de la Salud como: La psicóloga, Yeniffer Stefany Salcedo; Jenny Carolina Camelo Osorio, que es enfermera; y los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Ángel Duván Serna Molina, Paola Andrea Tique Vera, Claudia Lorena Pedraza Henao y Edison Jaber Calderón Espitia.
Estos serán presentados hoy ante un Juez por los delitos de tortura, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos material probatorio.
