IBAGUÉ. Carlos, quien solicitó la reserva de su nombre por seguridad, reveló que duró más de cinco años como conductor de transporte público, pero sufrió un accidente que dificultó su movilidad y con ella, el ejercicio laboral.
Sin embargo, en su lucha por sobrevivir encontró con el transporte ilegal una oportunidad de generar ingresos. “Un amigo se dio cuenta de mi situación y me ofreció el carro para ponerme a trabajar. Diligencié en la plataforma todos mis datos personales, me pidieron registro de antecedentes, foto de la licencia de conducción, del carro, entre otros documentos.
“Aunque este oficio no deja muchos ingresos, es una forma honesta de trabajar porque lo único que tiene de ilegal es que no le está aportando al Gobierno. De resto, es más seguro que movilizarse en un taxi porque la persona que toma el servicio sabe con anterioridad el número de cédula de quien lo va a transportar, la dirección de la casa y las características del carro.
“A la gente le gusta porque hay amabilidad, uno no maneja a las carreras por estar detrás de un cliente y en general, se ofrece un buen servicio al usuario. Creo que los taxistas están caídos por ellos mismos y deberían entender que las oportunidades son para todos”, sostuvo el conductor del carro particular.
La ‘ola amarilla’. Algunos líderes de taxistas reconocen que hay un déficit al interior del gremio, que posiblemente ha impulsado la pérdida de clientes y generado que las plataformas internacionales tomen cada vez más fuerza en ‘La Musical’.
“Nosotros queremos resolver el problema de ilegalidad de una forma integral. Esto es mejorar el servicio público combatiendo a ese enemigo interno que tenemos entre los mismos taxistas, para dejar de ser el ‘escampadero’ y la profesión donde se refugian personas que han fracasado en otros trabajos o que no tienen actitud de servicio para desarrollar la labor.
“Sería bueno que el Gobierno implementara convenios con el Sena para que los conductores emprendan procesos de formación, ya que nosotros somos dinamizadores de la economía local, a diferencia de las plataformas ilegales que se llevan los recursos para enriquecer a las empresas extranjeras, propietarias de estos negocios”, afirmó Juan Andrés Gutiérrez, vocero de los amarillos, que llevan alrededor de cinco años luchando contra la ilegalidad en Ibagué.
En la Ciudad, los transportadores que prestan el servicio ilegal están afiliados a la empresa estadounidense Uber y a la compañía Rusa Indriver. Ambas, ofrecen tarifas de menor rango e comparación con las del servicio de taxi, sin embargo, omiten varios pagos que los ‘amarillos’ por mantenerse en la legalidad, están obligados a liquidar.
“Si un pasajero de Uber o Indriver se accidenta en uno de esos carros, no tiene ninguna garantía porque ellos no pagan los seguros que nosotros como adscritos al transporte público debemos cancelar. En este momento, tenemos cinco casos de accidentes de tránsito que involucran a estos automóviles, entre ellos, el que le sucedió a una señora frente al hospital San Francisco, la cual tiene problemas de movilidad porque se accidentó cuando iba a bordo de un Uber y nadie le da respuesta porque la pirámide tecnológica lo que hace es cancelar la cuenta de la usuaria y proteger a lo que ellos llaman el socio – conductor, al no ayudar a la justicia con datos de la persona involucrada”, sostuvo el líder de la ‘ola amarilla’.
Las autoridades. La Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué, reveló las cifras que sustentan el actuar de la dependencia para contrarrestar el aumento del transporte ilegal en la Ciudad. El informe sostiene que en lo corrido de 2019 se han inmovilizado 19 vehículos usados para este oficio y desde noviembre de 2016 hasta la fecha, 403 licencias han sido suspendidas por un periodo de seis meses por prestar el servicio.
Así mismo, informó que 20 ‘pases’ fueron suspendidos por 25 años tras reincidir en la infracción. Sin embargo, varios integrantes de la ‘mancha amarilla’ no creen en las ‘cuentas alegres’ que, según ellos, entregó el secretario de Tránsito municipal, José Alexis Mahecha.
“Desde que conocimos esas cifras hemos sido escépticos y hasta el día de hoy no las hemos aceptado. La Defensoría del Pueblo nos está ayudando con una auditoria para verificar que ese informe corresponda a la realidad, debido a que hemos hallado inconsistencias. Por ejemplo, una de esas licencias es de una persona que 2016 le cancelaron el ‘pase’ por 25 años y en febrero le hicieron el último comparando, con el que acumula 12 infracciones de tránsito”, sostuvo Gutiérrez.
Lo que pagan los particulares. Los carros que prestan el servicio de transporte ilegal tienen las mismas obligaciones de un carro particular:
– Los propietarios de los carros particulares deben pagar el Soat, cuyo costo depende del modelo del automotor. El precio asciende a los 150 mil pesos.
– Por cada 100 mil pesos recaudados en servicios de transporte, el conductor afiliado a Uber o Indriver debe hacer una recarga de aproximados cinco mil pesos a la plataforma.
– Algunos propietarios de vehículos alquilan el automotor para la práctica del oficio. Estas personas cobran entre 40 y 45 mil pesos diarios por el uso del carro.
– Se presume que la mayoría de conductores de transporte ilegal tienen una pensión o trabajan en otra empresa y se dedican al oficio en tiempos libres, por lo que no tienen la obligación de pagar la seguridad social para trabajar en el oficio.
Las ‘culebras’ de los ‘amarillos’. Por prestar transporte legal, los taxistas deben cumplir con las siguientes obligaciones:
– El ‘cupo’ del taxi, que permite el uso del carro para el transporte público, oscila entre $90 y $100 millones.
– El pago de la seguridad social del conductor tiene un valor promedio de 170 mil pesos mensuales.
– Pagan tres seguros de riesgos: Soat, responsabilidad contractual y el seguro extracontractual, los cuales ascienden a los 400 mil pesos.
– Deben renovar la licencia de conducción de cada tres años.
– La cuota diaria para quienes no son propietarios del ‘amarillo’ oscila entre 55 mil pesos para los conductores que trabajan 10 horas diarias, 65 mil pesos para los que trabajan 12 horas y en el turno largo, donde manejan el carro todo el día, pagan alrededor de 85 mil pesos.
– Algunos conductores usan el servicio de radio satelital para receptar usuario. Su costo asciende a los 30 mil pesos.
Falta control de las calles. Desde que terminó el convenio entre la Alcaldía municipal y la Policía de Tránsito, los miembros de la ‘ola amarilla’ se sienten huérfanos en la lucha contra el transporte ilegal, toda vez que el control de los azules sería mínimo. “Todos somos víctimas de la falta de operación de los agentes azules. Ellos no están del todo capacitados para ejercer sus funciones, no hay quien le haga control a las personas que conducen en estado de embriaguez y se demoran en atender los requerimientos. En cambio, con la Policía se tiene más posibilidad de controlar tanto el tránsito como la seguridad, porque ellos sí pueden solicitar antecedentes”, indicó el líder taxista.
LAURA MARTÍNEZ
