Sindicatos de la Rama Judicial piden suspender los términos

Los empleados judiciales a partir del 1 de agosto se declararían en desacato judicial y no asistirían a las sedes en todo el país.

Sindicatos de la Rama Judicial en el país se unieron para solicitar al Consejo Superior de la Judicatura suspender los términos judiciales a partir del 16 de julio y hasta que se prorrogue el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

Además, piden que se brinden las herramientas virtuales necesarias para ofrecer un servicio de calidad y confiable, y poner en marcha el plan de digitalización. También exigen la suspensión de los trabajos presenciales por la falta de elementos de bioseguridad.

Javier Valero, presidente de Asonal Judicial en el Tolima, dijo al respecto que: “Sigamos en la virtualidad y que no tenga que ir ningún funcionario a los Juzgados, que no haya presencialidad todavía, ni la más mínima expresión, es lo que se está pidiendo”.

Advirtió que si esto no se cumple, a partir del 1 de agosto se suspende la presencialidad, pues hay un acuerdo que establece que debe ser de apenas el 20 por ciento de los empleados, “pero hay despachos que hacen ir a todos los empleados, no importa si tienen enfermedades base, porque el acuerdo le deja la potestad al Juez”, indicó Valero.

La preocupación de los trabajadores de la Rama Judicial es que la enfermedad llegue a los despachos judiciales del Departamento, donde todavía no hay casos reportados, a diferencia de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, donde hay varios casos confirmados que empezaron con un empleado y se multiplicaron a 15 personas. 

El ‘limbo’ de los litigantes

Los abogados litigantes del país, afectados por la suspensión de los términos, se pronunciaron al respecto. El Colegio de Abogados Litigantes (Colabol Online), a través de un comunicado, señala que no se identifican “con la actitud asumida por los diferentes sindicatos de empleados y funcionarios judiciales que perjudicarían a la ciudadanía en general y ahondaría aún más la crisis de la abogacía litigante del país, la cual se encuentra pasando serias dificultades económicas que no permiten ni siquiera ingresos que representen su mínimo vital”.

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