Cuarenta y ocho minutos duró el viernes el protocolo para darle partida a la conciliación por la millonaria reclamación de EPM por 9,97 billones de pesos contra los consorcios que participan en el diseño, construcción e interventoría del proyecto Hidroituango, por los sobrecostos en la obra.
Luego de la instalación virtual, la determinación del marco de debate y lectura de un comunicado que no todas las partes suscribieron, los apoderados se reunieron de forma privada para avanzar en el ejercicio conciliatorio.
El primero en intervenir fue el procurador General, Fernando Carrillo, quien invitó a las partes a poner los objetivos de la conciliación en un posible arreglo basado en la objetividad y ecuanimidad, tanto para el sector público como privado. “Se ha vuelto común decir que somos incapaces de lograr acuerdos, los invito a superar esa fracasomanía. Tenemos que creer que esta mesa producirá resultados y vamos a tratar de solucionar los problemas fiscales. Estoy seguro que esa va a ser la garantía y la fórmula para llegar a un final feliz”, dijo.
Luego intervino Julián Ruiz Rodríguez, director de la oficina jurídica de la Contraloría General de la República, entidad que acompañará el ejercicio, pero no se referirá a los asuntos propios del proceso de responsabilidad fiscal que actualmente se adelanta. La Contraloría podrá ejercer control preventivo e intervendrá cuando lo considere, en defensa del patrimonio público. “Vamos a aportar para que se cumpla con el propósito común de la audiencia”, señaló Ruiz.
El procurador delegado, Iván Darío Gómez Lee, quien presidirá las reuniones, dijo que su rol será el de un tercero imparcial con la función de colaborarle a las partes.
Recordó que de no lograrse un arreglo, EPM queda facultado para interponer una demanda a comienzos de 2021, que conocería en primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia. En el evento de una decisión adversa para cualquiera de las partes, estas podrán interponer la apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, que tramitará la segunda instancia.
Aclaró que incluso una vez sea radicada una eventual demanda, esto no quiere decir que no puedan conciliar en cualquier momento del proceso. Gómez Lee señaló que algunos contratos existentes tienen pacto arbitral, posibilidad en la cual se puede convocar un tribunal de arbitramento para que dirima el conflicto a través de un laudo (decisión que no tiene recursos de reposición, sino uno extraordinario de anulación).
Otra posibilidad es alcanzar un arreglo directo o acuerdos contractuales para dirimir los conflictos. Se podría convocar, sugirió, un panel de expertos para tener conceptos técnicos relevantes en el caso.
Declaración no suscrita
El procurador delegado leyó, a continuación, un comunicado enviado por EPM y que se dijo, en principio, había sido suscrito por las partes citadas. En este se reiteró la intención general de culminar con éxito el proyecto (tiene avance de 82 %) y poder generar con dos turbinas en noviembre de 2022, además de instalar los seis generadores adicionales.
Así, añadió el comunicado, se podrán cumplir las obligaciones con la Comisión de Regulación de Energía y despejar la incertidumbre del sistema energético. Por ello, acotó, es necesario ampliar los contratos para asegurar la construcción y financiación del proyecto.
Culminó la misiva con la información de que EPM avanza en el ajuste con la aseguradora Mapfre, para recibir nuevos desembolsos de la póliza, y que las mesas de trabajo de la conciliación continuarán sin afectar el desarrollo de las obras.
Sin embargo, los apoderados de los consorcios interventor y diseñador-asesor, además de la firma Integral Ingeniería de Supervisión SAS, dijeron que no participaron en la confección de dicha declaración.
“No podemos apropiarnos del comunicado. Su contenido rebasa en bastante el marco de las controversias que originan la solicitud de conciliación de EPM”, dijo Jorge Eduardo Chemas, representante del consorcio Ingetec-Sedic.
Sergio Rojas, apoderado de Integral Ingeniería de Supervisión SAS, declaró que sin perjuicio de que la Procuraduría dijo que era un comunicado de las partes, “no fue suscrito por mi representada. Manifestamos nuestro ánimo de procurar acercamientos técnicos que se basen en la continuidad del proyecto”.
Gómez Lee aclaró que el pronunciamiento sí fue suscrito por el consorcio constructor CCCI. La instalación pública culminó y prosiguió una mesa de trabajo en la que la primera tarea fue hacer precisiones solicitadas por las partes. “Esperamos que semana a semana podamos dar información de nuevos avances”, concluyó el procurador.
