IBAGUÉ. Para nadie es un secreto que en la actualidad el centro penitenciario de Picaleña opera con el cupo completo, de acuerdo a información oficial entregada por su director, el coronel retirado, Jairo Enrique Páez Durán, lo que al parecer no ha permitido el traslado de decenas de investigados que están alojados en la permanente central de la Policía Metropolitana.
“Estamos recibiendo personal de acuerdo a la sentencia de tutela número 388, que determina que el ingreso depende de la cantidad de internos que salgan en libertad el día anterior”, señaló Páez.
En la actualidad hay 33 detenidos con indagaciones en curso por diversos delitos, y cuyo traslado a la cárcel no ha sido posible debido a la norma anterior.
“No depende del Inpec, pero estoy al tanto con la Policía Nacional sobre el manejo de la permanente, y considero que 33 personas es un número alto para esas instalaciones”, agregó el director.
Apoyo. En la actualidad las directivas del Coiba gestionan ante la Alcaldía Municipal un convenio económico que contribuya con las diversas necesidades de los internos.
“Ellos requieren kits de aseo, colchonetas, asistencia jurídica y medios para cumplir con remisiones judiciales, así que vamos a presentar una propuesta de necesidades a la Alcaldía”, agregó Páez Durán.
Huelga. Así mismo se conoció que el domingo los internos del Bloque Uno realizaron una huelga de hambre a manera de inconformismo con una norma que impide el ingreso de alimentos por parte de las visitas.
“La huelga se levantó al día siguiente. La medida es procedente porque los alimentos generan cierta inseguridad a la población de la cárcel, únicamente se permite el ingreso de comida a niños, niñas y adolescentes”, dijo el hombre.
Además, concluyó que todos los internos tienen garantizadas tres raciones de comida con los complementos nutricionales que exige la ley, sin embargo la decisión no deja de molestar a los familiares de los reclusos.
Un millón 200 mil pesos, costo promedio de un interno durante un mes.
