IBAGUÉ. El Juez Octavo de Garantías de Ibagué decidió no dictar medida de aseguramiento domiciliaria en contra del Juez Segundo Promiscuo Municipal de Rovira, Alexander Díaz García, investigado por la conducta punible de asesoramiento ilegal y falsedad ideológica en documento público, cargos que le fueron reiterados durante al audiencia por parte Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal.
Díaz García, quien es reconocido por gestionar algunas leyes en informática para el País, asesorar a altas personalidades y ayudar a las autoridades locales a desmantelar peligrosas bandas, es señalado de falsificar una presunta autorización y orden de pago de un CDT por 70 millones en beneficio de un cliente del Banco Agrario de Rovira.
Investigación. En junio del 2014 se inició la investigación para aclarar los hechos en donde el Juez supuestamente ayudó a una persona a tramitar un CDT que se le había extraviado; en ese entonces el beneficiario aseguró que cuando se dirigió al banco mencionado le dijeron que tenía que instaurar un denuncia ante la Inspección de Policía pero que solicitó ayuda al Juez quien posiblemente ordenó al banco por medio de un documento con el membrete del despacho y suscrito por él, cancelar en CTD y reponerlo bajo las mismas condiciones.
Le iban a dar domiciliaria. Durante la audiencia la Fiscalía pidió detención domiciliaria para el Juez argumentado que este representaba un peligro para la sociedad dada la importancia de su cargo a lo que la defensa respondió haciendo alusión al aporte que Alexander Díaz García le ha brindado a la sociedad; además de presentar unos documentos en donde certificó que el Juez es responsable de sus hijos menores de edad y un nieto, lo que no fue válido para la Fiscalía y Procuraduría.
El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Rovira presentó su renuncia irrevocable argumentado que su pensión ya era un hecho, lo que la Fiscalía no avaló ya que la renuncia habría sido redactada y radicada unas horas después de iniciar la audiencia.
Finalmente ante la decisión del Juez Octavo de Garantías de Ibagué, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal, decidió apelar.
