La muerte de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, momentos después de que dos policías hicieran uso excesivo de descargas eléctricas en su contra, ha puesto nuevamente en el debate los límites de la Fuerza Pública frente a la población civil y, en especial, el uso de las armas catalogadas como no letales por parte de sus miembros.
Pese a que se anunció investigación del caso, la ciudadanía se ha volcado con furia a las calles y en medio de los desmanes que se han presentado se exige una reforma estructural a la Policía. De acuerdo al último balance de las autoridades, durante la jornada de protestas de la noche del miércoles se presentaron 7 muertes, se destruyeron vehículos de transporte público, se afectaron inmuebles y saqueos.
El caso de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez ocurrió en el barrio Santa Cecilia de Bogotá durante la medianoche del martes. Dos policías le hicieron varias descargas eléctricas con una pistola tipo taser, pese a que el abogado pedía que pararan. Esta habría sido la causa de su muerte y la razón por la que los uniformados fueron suspendidos mientras se adelanta la investigación.
Una vez conocido el hecho, desde el Gobierno Nacional el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la institución está dispuesta a entregar toda la información que necesaria para aclarar los hechos alrededor de la muerte del abogado de 45 años, sin embargo, en las últimas horas rechazó los ataques a la institucionalidad que sufrieron varias estaciones de Policía, los cuales clasificó como de origen politiquero.
Para muchos líderes de opinión y opositores políticos del Gobierno el tema debe ir mucho más allá de los anuncios hechos por las autoridades y se debe escuchar la voz de la ciudadanía que pide que estos actos no vuelvan a suceder. Argumentan que se necesita una reforma de fondo alrededor de la potestad que tienen los miembros de la Fuerza Pública para actuar en contra de los ciudadanos. Sugieren que sea más limitado el uso de herramientas como el taser, que fue la que utilizaron los dos policías involucrados en el caso.
El representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, aseguró que con el caso de Ordóñez llegó la hora de enfrentar el abuso policial en el país y que por esta razón radicará en el Congreso un proyecto de ley que permita luchar contra este flagelo. “¡A Javier Ordóñez lo llenaron de taser hasta matarlo!”, añadió.
Para el analista y experto en seguridad, Jairo Libreros, pese al debate que se ha generado en la opinión pública a raíz del caso, el problema no tiene nada que ver con la regulación de la Fuerza Pública debido a que la jurisprudencia colombiana y, en particular, la convención de La Habana establece los parámetros con base en los cuales los funcionarios que hagan parte de los cuerpos de cumplimiento de la ley pueden establecer hasta dónde puede llegar el uso de la fuerza o la utilización de armas de fuego, así como las herramientas consideradas no letales, como los tasers.
Según Libreros, el problema real de este caso está relacionado con el principio de proporcionalidad alrededor del uso que se les da a las armas de fuego y a las herramientas de uso no letales, como los taser, que solo pueden usarse para inmovilizar a un ciudadano que perturba la convivencia y la seguridad. “Todo lo que vaya más allá de eso es uso excesivo de la fuerza”, añade.
En este sentido, el analista indica que debería haber una mejor formación a los miembros de la Fuerza Pública en cuanto al manejo de este tipo de herramientas. Dice que también sería recomendable que se incorporarán parámetros en forma de protocolos para las actuaciones en los diferentes casos donde sea necesaria su intervención.
Por su parte, Ana Margarita González, coordinadora de la línea de acceso a la justicia y política criminal de la Ilex Acción Jurídica, señala que los reglamentos internos que tiene la Policía no son suficientemente detallados ni exhaustivos sobre los límites del uso de la fuerza. Agrega que el problema radica en que la regulación es demasiado amplia, lo que deriva en un vacío legal que facilita la arbitrariedad.
“Al no haber una regulación detallada y específica sobre el uso excesivo de la fuerza, sobre el uso de ciertas armas no convencionales, se genera un caldo de cultivo para que se presenten situaciones de abuso de discrecionalidad. Por otro lado hay falta de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de sanciones a la Policía”, apunta González.
De acuerdo a la experta, las investigaciones internas que ellos realizan, en su mayoría, terminan archivadas, lo mismo que los procesos penales. Por esta razón, agrega, sería conveniente mejorar los procesos de investigación, en especial, para que sean más ágiles y generen sanciones ejemplarizantes.
De igual forma, González dice que las actuaciones de la Policía deben regirse por esos estándares del uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos, pero en el accionar de la Policía no se cumple con estos parámetros porque hay muchas situaciones de abuso y de uso excesivo de la fuerza, que se han profundizado en el contexto del Covid-19 donde hay mayores restricciones a la movilidad y a la circulación. “Pierden la materia de derechos humanos”, indica.
Jairo Libreros en contraposición a Ana Margarita González, asegura que en términos de derechos humanos la Policía Nacional ha hecho un trabajo muy destacado durante la última década porque no solamente ha incorporado parámetros de respeto sino, especialmente, procedimientos que son respetuosos de la vida y la integridad de los ciudadanos.
No obstante, para el caso de las Fueras Militares, señaló que los avances no son tan importantes y que hay todavía deficiencia en materia de derechos humanos y en derecho internacional humanitario.
“La policía más prestigiosa a nivel internacional es la colombiana. Es el servicio de policía que ha resultado mejor evaluado en los últimos cinco años, entre otros tópicos, por su compromiso con los derechos humanos. Que sea esa evaluación tan exitosa no significa que la Policía sea ajena a la comisión de delitos y deje de asumir responsabilidades por actuaciones individuales de los uniformados”, aclara Libreros.
En este sentido, González es enfática en que para evitar que este tipo de situaciones continúen ocurriendo se necesita regulaciones internas más estrictas sobre el uso de la fuerza, el uso de armas y mayor transparencia en la rendición de cuentas internas para evitar la impunidad como el aliciente del abuso.
¿En qué va el caso?
La Procuraduría General de la Nación asumió la indagatoria alrededor de la muerte del abogado Javier Ordóñez Bermúdez para determinar la ocurrencia de la conducta, si se encuentra prevista como falta disciplinaria, los posibles autores de la misma y si se actuó bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
De igual forma, la Fiscalía General de la Nación investiga lo sucedido y anunció prioridad para el caso, con el objetivo de que se conozca a la mayor brevedad la necropsia correspondiente y la ocurrencia de los hechos.
Dada la coyuntura que se desató en Bogotá en medio de las protestas ciudadanos se reforzará el dispositivo de policía con 850 uniformados que llegarán de otras regiones del país. También se desplegaran 300 soldados de la Brigada 13 del Ejército y se ofrece una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de quienes murieron en medio de las manifestaciones del miércoles.
