IBAGUÉ. La toma del Palacio de Justicia es tal vez uno de los hechos que genera más repudio en la historia violenta y reciente del País, por los sucesos dramáticos y sangrientos sufridos por cerca de 350 personas entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia, quienes cayeron como rehenes en el ataque perpetrado por 35 guerrilleros del entonces M-19. Hoy se rinde homenaje a los 33 años que han pasado llenos de enigma, dolor, contradicciones, pero aún esperanza de los familiares de las personas que habrían salido con vida del lugar.
Hechos. “Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19”, fue la súplica que se escuchó en la voz del exmagistrado tolimense y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, en medio de la masacre ocurrida al interior del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y que terminó con la retoma del Ejército y la Policía al día siguiente. El mensaje se convirtió en uno de los testimonios desgarradores que ilustró la tragedia que calcinó los sueños del chaparraluno y centenares de colombianos más, los cuales murieron tanto en manos de las Fuerzas Armadas como de la insurgencia, pues en un informe preliminar originado desde la Comisión de la Verdad se comprobó que el deceso de Echandía ocurrió por impactos de arma de fuego que no usó la guerrilla. Para entender y no olvidar lo que sucedió aquel fatídico miércoles, Q’HUBO ha recopilado datos importantes que enmarcan esta cruel historia.
1: De los 68 cuerpos que fueron identificados se entregaron 54 a los familiares, entre ellos, el cadáver de Andrés Almarales, el único guerrillero que corrió con esta suerte porque los demás fueron trasladados a fosas comunes en el Cementerio del Sur.
2: Para la época de los hechos era común que los familiares de las víctimas ingresaran a la morgue a realizar el reconocimiento de los cuerpos, debido a la carencia de elementos para la identificación plena de los cadáveres, por lo que el escaso personal forense debió cumplir turnos continuos para desempeñar la labor.
3: Los jueces penales militares designados para la investigación de los hechos, ordenaron el envío de cadáveres a fosa común en el Cementerio del Sur de Bogotá, sin haber concluido el proceso de identificación de los cuerpos porque supuestamente el movimiento guerrillero iría en busca de los compañeros fallecidos.
4: Según se conoció, el plan original del M-19 era permanecer al interior del Palacio de Justicia durante un mes, para iniciar un diálogo con el entonces presidente Belisario Betancour, tal como sucedió cuando hicieron la toma a la Embajada de República Dominicana.
5: En el momento en que se reportó el hecho, el presidente de la República atendía en el Palacio de Nariño a embajadores de México, Uruguay y Argelia y no suspendió la ceremonia diplomática. Según se informó, las primeras órdenes del Mandatario las emitió dos horas después del ataque.
6: Seis de los rehenes que estaban en el cuarto piso quedaron por fuera del grupo y fueron trasladados al baño, último lugar de resistencia del M-19 en el Palacio de Justicia hasta el final de la toma.
7: Algunas versiones indicaron que fue el Cartel de Medellín, bajo las órdenes de Pablo Escobar, quien pagó al M-19 para cometer la masacre con el fin de evitar la aprobación del tratado de extradición a Estados Unidos, que para ese entonces estaba en discusión en la Corte Suprema.
8: Al menos mil soldados formaron parte del operativo de retoma al Palacio, cuyos combates se intensificaron a medida que pasaba el tiempo y aunque muchos sobrevivientes fueron trasladados por las Fuerzas Militares hasta la Casa del Florero de Llorente, no se volvió a saber del paradero de una gran parte.
9: Según el informe de la Comisión de la Verdad, “el Gobierno nunca tuvo intención de salvar la vida de los rehenes” y aunque han pasado 33 años del holocausto aún no existe claridad sobre la cantidad real de fallecidos.
10: Por el caso de los desaparecidos, el coronel Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años por las desapariciones forzadas y en 2015 quedó absuelto. Aunque aspiró a una curul en el Congreso durante las pasadas elecciones, se ‘quemó’ en el intento. De igual forma, el general Jesús Arias Cabrales fue vinculado a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.
