IBAGUÉ. La Procuraduría destituyó al ex gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Alfonso Ricaurte Riveros, por irregularidades en la contratación. Además lo inhabilitó por 12 años.
El ex funcionario fue sancionado de esa manera porque omitió el reglamento de contratación de la entidad y compró medicamentos y elementos médico quirúrgicos con sobrecostos.
Las órdenes de compra fueron suscritas durante el primer semestre de 2006, por un monto de 1.892 millones 533 mil 182 pesos, causando detrimento patrimonial a la entidad hospitalaria. El sobrecosto en que se incurrió fue estimado en seis millones 897 mil 608 pesos.
Según la Procuraduría, a pesar de las advertencias sobre transparencia de la Junta Directiva, de lo cual quedó constancia en actas, el gerente en lugar de acudir a la convocatoria pública, realizó una serie de compras divididas, mediante la figura de contratos sin formalidades plenas.
En la misma decisión, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó por 10 años al señor César Augusto Ticora Lozano, funcionario del mismo Hospital, por cuanto participó en la etapa precontractual y contractual en la celebración de las órdenes, pidió las cotizaciones a intermediarios diferentes de los proveedores corrientemente contratados y junto con el gerente suscribió las órdenes de compra cuestionadas.
Concesión de chance
La Procuraduría sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad por el mismo lapso al ex gerente de la Lotería del Tolima, Juan Ricardo Rueda Medina, por irregularidades en la adjudicación del contrato de concesión de apuestas permanentes.
La investigación se originó a partir de la queja instaurada por la Superintendencia Nacional de Salud, según la cual, se entregó en concesión la operación del chance en el Departamento del Tolima, sin contar con los estudios previos requeridos para determinar eficazmente los ingresos brutos esperados, con base en los cuales se cancelan los derechos de explotación.
De acuerdo con los hechos, para adelantar el proceso licitatorio, la Lotería del Tolima remitió a la Supersalud un estudio de mercado potencial de apostadores que no se ajustaba a la normatividad pertinente, lo cual le fue comunicado en varias oportunidades por el órgano de vigilancia.
Al imponer la sanción, la Procuraduría convirtió la suspensión en salarios equivalentes a 33 millones 972 mil 552 pesos, en atención a que el investigado ya cesó en sus funciones.
