La semana pasada, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral en Colombia de 48 a 40 horas por semana. Esta iniciativa, que es del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, ahora será analizada por la Cámara de Representantes.
Esta proyecto tiene como objetivo que los trabajadores tengan mayor tiempo para compartir con sus familias, desarrollar actividades personales o continuar sus estudios, por lo que no busca afectar el sueldo.
No obstante, en un concepto enviado por la Asociación Nacional de Empresario (Andi), calculó que en promedio, para cubrir las ocho horas no trabajadas en la semana, las empresas tendrían que cargar con un costo semanal promedio de $85.309 por persona.
Si esto se multiplica por los 6,2 millones de empleados que trabajan más de 40 horas dejaría un costo anual de $26,9 billones, equivalente a 2,7% del PIB. Para el análisis, la Andi utilizó el supuesto de que las empresas van a elegir contratar más trabajadores, por el mismo costo, para suplir las horas reducidas, pese a que es probable que muchas empresas paguen horas extras y otras simplemente recarguen el trabajo sobre sus empleados.
Adicionalmente, el gremio tuvo en cuenta que de los 22 millones de ocupados, solo cerca de la mitad son empleados asalariados y, de estos, alrededor de 7,6 millones son formales, es decir, que cumplir con los requisitos laborales que exige la ley.
Entre estos, hay 6,25 millones de personas que trabajan más de 40 horas a la semana, es decir, 81%. Además, según los cálculos de la Andi, cada hora trabajada a la semana por 7,7 millones de asalariados formales es remunerada con $9.666.
«El cambio de la jornada laboral va en el sentido totalmente contrario al que debería. Se está encareciendo la creación de empleo, se está afectando la competitividad. Lamentable que no se haya tenido en cuenta eso en el Senado hoy. La responsabilidad que tenemos es grande», destacó Bruce Mac Master, presidente del gremio.
El análisis de la Andi advirtió que los resultados cambian según el sector en el que se aplique la medida. Por ejemplo, en el sector industrial el costo será mayor ya que, según el análisis, tendrán que pagar horas extras pues suelen ser labores que requieren estudios y capacitaciones.
Además, en sectores como el comercio u otros, «que requieren de atención al público durante unos horarios específicos, no tendrán la facilidad administrativa y, por lo tanto, el incentivo, de contratar a personas por ocho horas semanales. Estas empresas también optarían muy seguramente por el pago de horas extra».
Impacto en la generación de empleo
El análisis realizado por la Andi, y firmado por Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales, también analizó cuál será el costo en la generación de empleo y advirtió que los sectores que más trabajos generan tendrían «un impacto significativo», pues la reducción de la jornada laboral no implica necesariamente la contratación de más trabajadores, sino el pago de costos adicionales.
«Muchos asalariados trabajan, en promedio, más de 40 horas semanales. Este es el caso, por ejemplo, del sector industrial (46,3) y el sector comercio (48). Los sectores que, en promedio, trabajan menos de 40 horas son, también, los sectores que mayor facilidad tienen para ajustarse a jornadas reducidas, debido a que no tienen horarios de atención, uso de máquinas 24/7, entre otras restricciones. Este es, por ejemplo, el caso de la educación», expuso el análisis.
El gremio advirtió que estos cálculos no tienen en cuenta el impacto que ha tenido el covid-19 en el mercado laboral, uno de los principales afectados por la pandemia, pues en abril, mayo, junio y julio, se perdieron 5,4 millones, 4,9 millones, 4,3 millones y 4,2 millones de empleos, respectivamente.
«Con todas estas cifras, no queda duda de que, en esta coyuntura de incremento sostenido del desempleo, que se agrava significativamente con la pandemia, no es conveniente pensar en incrementos relativos de los costos laborales», añade el informe.
