Un debate citado por la oposición en la Comisión II del Senado sirvió para que se denunciara que la consulta anticorrupción votada en el año 2018 sí alcanzó su votación mínima, pero que por irregularidades en el censo electoral se negó.
De acuerdo con el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, “desde hace varios años los organismos de control, particularmente la Contraloría General de la República, vienen advirtiendo serias irregularidades en los procesos electorales, y particularmente en la composición y depuración del censo electoral. Todo indica que no se han tomado las medidas necesarias para atender estas reiteradas advertencias”.
Planteó que “existen cerca de 8 millones de inconsistencias detectadas en las cédulas del censo electoral”, por lo que en su concepto las últimas elecciones en el país han sido afectados por estos problemas e inconsistencias protuberantes en el censo, en especial la consulta anticorrupción del 2018.
Para Cepeda, las irregularidades se relacionan con que en Colombia se presentan como habilitadas para votar personas que han fallecido; menores de edad; personas que no renovaron su cédula; personas que no figuran en el Archivo Nacional de Identificación, que es la fuente de la que emanan las cédulas habilitadas para votar.
“Las más significativas tiene que ver con que en existe personal activo de la Fuerza Pública incluido en el Censo Electoral y que efectivamente vota, pese a la prohibición constitucional y legal que existe para esta población” denunció Iván Cepeda.
“La consulta no contó con un censo electoral real y, según la información que hemos analizado, el umbral de esa consulta fue superado con creces”, indicó el senador, para quien el censo electoral real de entonces era de 33.743.169 y no de 36.421.026.
“Esa diferencia implica que el umbral real para la consulta anticorrupción era de 11.247.723, no de 12.140.342 como fue exigido. Por lo tanto, los votos alcanzados en la consulta fueron suficientes, superando el umbral incluso por más de 427 mil votos, lo que significa que hoy sus resultados deben tener plena validez y ser acatados por las autoridades”, concluyó.
El director nacional de Censo Electoral de la Registraduría, José Antonio Parra, sostuvo que todas las irregularidades que se han denunciado ya han venido siendo corregidas, “desde esta administración del doctor Alexander Vega Rocha hemos venido adelantando un sin número de actividades para que este censo electoral sea lo más real posible, hemos afectado cédulas de ciudadanía de los fallecidos, de los miembros de la Fuerza Pública”.
Indicó que la Registraduría ha venido depurando rigurosamente el censo en los últimos años. En el 2015 cancelaron más de un millón de cédulas, en el 2016 y 2017 fueron más de 700.000 y en el 2018 y 2019 superó el millón de documentos.
