Mediante un auto, el Tribunal Administrativo del Tolima con ponencia del magistrado Ángel Ignacio Álvarez Silva ratificó la admisión de la demanda con la que, la Personería solicitó que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la Sociedad constructora APP GICA y el Municipio de Ibagué, efectúen las actuaciones administrativas y presupuestales encaminadas a garantizar los derechos colectivos de las personas que acuden al denominado ‘Puente de la Vida’ con ideas y comportamientos autodestructivos.
Es de recordar que la entidad solicitó que se refuercen las medidas de seguridad en la estructura, se asegure el funcionamiento de cámaras de monitoreo, se implementen campañas de salud mental.
Asimismo, la activación de un equipo de atención y reacción las 24 horas y que se adelanten las adecuaciones que impidan el fácil acceso al puente e intervenciones en conjunto para evitar que en este sitio se continúen presentando actos suicidas.
