Después de 9 meses en los que se había reducido la magnitud de la protesta social, en buena parte a causa de la pandemia del COVID-19, en la noche del miércoles esta regresó de una manera trágica.
Todo comenzó con una velatón convocada frente al CAI del barrio Villa Luz, por la familia de Javier Ordoñez, el estudiante de derecho muerto en un caso de abuso de fuerza en el que están involucrados dos miembros de la Policía.
El lugar, sin embargo, se fue llenando rápidamente de manifestantes que, contrario a lo que esperaba la familia, no iban con la intención de protestar de manera pacífica, sino de atacar el CAI, que hacia el final de la tarde ya estaba destruido, junto con una camioneta de la Fiscalía que había acudido al lugar para adelantar la investigación correspondiente.
En pocas horas, los focos de violencia ya se habían esparcido por varios puntos de la ciudad. Durante la noche 56 instalaciones policiales resultaron afectadas, incluidos 53 CAI que fueron vandalizados, 22 de ellos incendiados, y 3 estaciones de Policía.
Pero lo que hizo que la situación se agravara aún más, fue que las armas de fuego entraron en el escenario. A lo largo de la noche, según las cifras de la Alcaldía de Bogotá, 175 personas resultaron heridas, 66 de ellas por arma de fuego, además de las 10 personas que resultaron muertas, 7 de ellas en Bogotá y 3 en Soacha.
Imágenes compartidas en redes sociales y testimonios de personas cercanas a las víctimas, que la Alcaldía de Bogotá se ha puesto en la tarea de recopilar, dan cuenta de miembros de la Policía haciendo disparos contra los manifestantes.
«¿Si nadie le dio órdenes a la Policía de usar armas de fuego, por qué lo hizo?», se preguntó ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
La crítica situación que se vivió el miércoles en la noche en Bogotá y Soacha, pero también en otras ciudades del país, aunque en mucha menor magnitud, provocó de inmediato un intenso debate político.
El presidente Iván Duque, al igual que su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, defendieron a la Fuerza Pública pese a que reconocieron que deben investigarse los hechos ocurridos en la noche del miércoles.
“Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar como país que se estigmatice, que se les llame asesinos a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Sabemos que cuando se presentan hechos de abuso, generan indignación, rechazo, pero tenemos que buscar que sea el procedimiento el que los esclarezca y tenga la sanción ejemplarizante y no dejar que sean voces que llamen al odio las que terminen buscando que con la violencia se condenen hechos que deben seguirse en los procedimientos para tener la sanción oportuna”, señaló el mandatario en referencia a todo lo que ha pasado.
Trujillo, incluso, aseguró que a través de redes sociales hubo una campaña para estigmatizar a la Policía y promover la violencia contra servidores públicos incentivando la realización de acciones vandálicas.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en cambio, fue muy crítica con la Policía.
Si bien rechazó los actos vandálicos y manifestó que a esa institución no se le va a cambiar acabando con Bogotá, denunció lo que calificó como un uso indiscriminado de la fuerza por parte de algunos de sus miembros.
«Anoche hubo uso indiscriminado de la fuerza en varios puntos de la ciudad por parte de miembros de la Policía que no tenían ninguna autorización de usar esas armas ni de responder de esa manera. 66 civiles heridos, eso ni en un combate», manifestó la alcaldesa.
López recogió las denuncias hechas por los familiares de las víctimas, para entregarlas al Procurador General, con el propósito de que adelante las investigaciones correspondientes, e hizo un llamado al presidente Duque para que se haga una reforma estructural a los cuerpos de seguridad y a la policía.
Sus declaraciones tuvieron de inmediato la respuesta del director administrativo de la Presidencia, Diego Molano, que en su cuenta de Twitter manifestó: «¡El enemigo es el vándalo, no la Policía!».
Pero el excandidato presidencial Gustavo Petro fue más allá aún en la discusión. No solo acusó a la Policía de cometer una «masacre contra el pueblo bogotano», sino que, en una actuación que sus contradictores calificaron como una incitación a la violencia invitó a la gente a salir a la calle a protestar.
Mientras la protesta se llevaba a cabo en las calles de Bogotá, Petro, en su cuenta de Twitter, escribía mensajes como: «Siempre los pueblos tienen el derecho de rebelarse ante las tiranías» y «Han llevado a la ciudadanía bogotana casi a una situación insurreccional», ante lo cual el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lo acusó de hacer política con los muertos.
Aparte de la pérdida de vidas y los cuantiosos daños materiales, la protesta también dejó estragos en el escenario político, que se traducen en un aumento de la polarización que ya vive el país.
