La Procuraduría General de la Nación pidió a los gobernadores de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Santander, Tolima y Valle del Cauca, y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, la adopción de medidas urgentes para hacer frente a las altas cifras de maltrato infantil presentadas durante la emergencia sanitaria por el covid-19. Tolima es el tercer departamento con más casos, de los incluidos en el informe.
En carta enviada a los mandatarios departamentales Aníbal Gaviria Correa (Antioquia), Elsa Noguera de la Espriella (Atlántico), Vicente Antonio Blel Scaff (Bolívar), Luis Carlos Velásquez Cardona (Caldas), Nicolás García Bustos (Cundinamarca), Luis Enrique Dussán (Huila), Mauricio Aguilar Hurtado (Santander), José Ricardo Orozco (Tolima), y Clara Luz Roldán (Valle del Cauca), el Ministerio Público hizo un llamado a la priorización de acciones que permitan hacer frente a «una realidad injusta, que denota descuido por parte del entorno familiar a los menores de edad”.
La PGN advirtió que, según datos suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con corte al 5 de noviembre, en Valle del Cauca se han presentado 1257 casos de amenazas o vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, relacionados con situaciones de violencia sexual, física, abandono, omisión o negligencia, maltrato y situación de amenaza a la integridad.
Le siguen los casos de Santander con 571, Tolima con 501, Bogotá con 463, Huila con 396, Antioquia con 363, Cundinamarca con 339, Caldas con 261, Bolívar con 247 y Atlántico con 234.
En cuanto a las cifras de solicitudes de restablecimiento de derechos, instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante su inobservancia, amenaza o vulneración, se presentaron 17.162 casos en Bogotá, 8.342 en Antioquia, 7.516 en Valle del Cauca, 5.591 en Cundinamarca, 4.124 en Atlántico, 3.459 en Santander, 3.284 en Tolima, 2.842 en Huila, 2.585 en Caldas y 5.460 en Bolívar.
La Procuraduría como parte de una acción preventiva de vigilancia y seguimiento pidió a las administraciones la elaboración de un plan estratégico de prevención, protección y mitigación, dirigida a evitar que los derechos de niños, niñas y adolescentes continúen en riesgo.
