IBAGUÉ. Mediante documento fechado el 30 de junio del año en curso, la Procuraduría Regional, en cabeza de Gloria Millán, decretó la revocatoria directa de los actos administrativos del proceso de actualización catastral vigencia 2010, efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, contratado por la Alcaldía Municipal.
De acuerdo con el documento se evidenciaron inconsistencias en el desarrollo de la citada actividad, perjudicando notoriamente a los contribuyentes, a quienes se les incrementó entre 200 y 300 por ciento la valorización de sus viviendas.
La Procuraduría reseñó que en cuanto al tipo de contrato celebrado por el IGAC, debió ser por consultoría y no de prestación de servicios, como eventualmente se hizo. Así mismo notificó que la selección del personal no fue por convocatoria abierta y méritos, perjudicando la recolección de la información.
Cúmulo de situaciones que provocó celeridad en el estudio, finalizándolo unas horas antes de culminarse el 2009 (30 de diciembre), cuando la ciudad y el país estaban de jolgorio por la llegada del nuevo año, indicó el documento.
Por lo anterior, la Procuraduría Regional insistió en la solicitud de revocatoria de los estudios, dado que los mismos han sido expedidos en contra del principio de confianza legítima, sin tener en cuenta el interés general.
De la misma manera, en el informe se citó que para evitar el impacto económico que tendrían las finanzas, derivadas de la devolución de los dineros pagados por los contribuyentes que ya cancelaron la obligación, en el caso de hallar inconsistente los cobros de actualización, el ente de control propone que dicho reembolso se haga de manera gradual durante las siguientes vigencias fiscales.
Habla la Alcaldía
Martha Mireya Peña, secretaria de Apoyo a la Gestión, explicó en comunicación con Q’HUBO: “ El Alcalde dio instrucciones para crear una mesa técnica y jurídica de trabajo que analice los argumentos que presenta la Procuraduría Regional, y de esta manera indicar qué grado de prelación tiene el proceso contractual adelantó por el IGAC”.
En cuanto al tiempo para responder el documento, la funcionaria agregó que la Administración tiene tres meses, pero debido a la situación de importancia para la comunidad, en el transcurso de la semana entrante se dará a conocer los argumentos a la Procuraduría.
