Se indagará si se cancelaron cerca de $2.000 millones al interventor del contrato para la construcción de un puente elevado sobre la carrera 5 con calle 60, sin que la obra hubiera avanzado.
La investigación
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contras los exsecretarios de Infraestructura, Sharon Dayana Guzmán González (2023) y Leonel Alfredo Nieto Suárez (2023-2024), por presuntamente pagar al contratista interventor de la obra del puente elevado sobre la carrera 5ª de Ibagué, la suma de $ 1.928’416.030, sin que el avance correspondiera a lo pactado con el consorcio Conexión Vial 60.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué busca establecer si por estos hechos también se habría configurado la responsabilidad disciplinaria de los entonces directores técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Diego Fernando Herrán Triana (2023-2024) y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez (2023-2024).
Se investiga si la Secretaría de Infraestructura habría modificado la forma de pago plasmada en el contrato original violando lo dispuesto en los pliegos de condiciones, y si a pesar de incumplir los términos de ejecución, se habría cancelado al contratista el 85% del valor total del bilateral, sin tener el recibido a satisfacción dado que la obra solo habría avanzado un 5,67%.
Además, el ente de control busca establecer si se omitió la publicación de las actas y documentos de pago en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP); así como supuestas irregularidades en los informes requeridos para tramitar los pagos acordados.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y para definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Asimismo, informó a los sujetos procesales los beneficios de la confesión o aceptación de cargos.
Finalmente, la Entidad comunicó la presente decisión al personero de Ibagué y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la alcaldía municipal, con la advertencia de que deberán abstenerse de abrir investigación por los mismos hechos o suspender inmediatamente, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría.
FOTO: Se busca establecer si se omitió la publicación de las actas y documentos de pago en el SECOP.Suministrada/El Nuevo Día.
