La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a Bryan Alejandro Díaz Ortiz, por suministrar información que no correspondía a la realidad para tomar posesión del cargo.
El ente de control pudo establecer que Díaz Ortiz entregó una certificación falsa, de la Universidad Cooperativa de Colombia, que lo acreditaba como egresado del programa de Derecho, situación que no era real porque en el momento de la expedición del documento el investigado tenía pendiente de octavo semestre la asignatura de Seguridad Social; de noveno la de Consultorio Jurídico III, y de décimo semestre la de Consultorio Jurídico IV.
Para el Ministerio Público el expersonero desconoció el principio de moralidad que obliga a los servidores públicos actuar con rectitud, lealtad y honestidad, y calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo.
Cabe resaltar que contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación.
