El Ministerio Público indicó que esta situación limita la oportunidad de los estudiantes a regresar de manera normal a sus aulas de clase.
Prioridad para las obras del FFIE
La Procuraduría General de la Nación, instó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda; y a la secretaria de Educación, María Isabel Peña Garzón, a atender y priorizar las obras de mejoramiento, construcción y complementarias, contempladas desde el 2016 en el Proyecto de Infraestructura Educativa a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).
En su misiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, se refirió a la crítica situación en la ejecución de las obras, lo cual limita la oportunidad de los estudiantes a regresar de manera normal a sus aulas de clase, y aseguró que este retraso ha impactado por más de ocho años a los niños, niñas y adolescentes de 26 instituciones educativas del municipio.
De igual forma, señaló que lo anterior ha conllevado al incumplimiento del proyecto de jornada única escolar, programa bandera del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y al desconocimiento del objetivo general del Plan Nacional de Instituciones Educativas que buscaba “mejorar y asegurar la dotación de aulas escolares en zonas urbanas y rurales” para cubrir el déficit de aulas existente, durante el mismo periodo.
“Este modelo de inversión, contratación y ejecución de proyectos de Instituciones Educativas (…), no ha dado los resultados esperados, dejando expuestas diferentes posibles inconsistencias en el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y control del mismo”, puntualizó el ente de control, a la vez que pidió a las entidades involucradas, poner en marcha acciones inmediatas para superar las múltiples dificultades que afectan a los estudiantes en el territorio.
Colegios con problemas constructivos o sin mantenimiento
En el documento, la Procuraduría citó que algunas instituciones educativas presentan problemas constructivos y no cuentan con servicios públicos ni obras complementarias, y otras, al parecer, por falta de mantenimiento, están rodeadas por maleza e inseguridad, generando un alto riesgo de deterioro en las edificaciones nuevas, sumado a las que están pendientes de ejecución.
Adicionalmente, subrayó que según el Informe de Gestión 2020-2023 de la Secretaría de Educación de Ibagué, hay tres instituciones educativas pendientes de iniciar obra, seis sin culminar, seis pendientes de energización final, cinco con diseños finalizados y pendientes de cierre financiero para iniciar obra, y dos más en trámite de viabilidad técnica.
Las destinatarias de la misiva, deberán remitir a la Entidad información puntual sobre el estado y avance de las obras, las razones que han impedido la energización total de las obras entregadas, la fecha estimada de inicio de las obras pendientes, la contratación del servicio de vigilancia de las actividades de rocería y poda, entre otros.
Por último, el Ministerio Público aseveró que la educación es un servicio público y su prestación es un fin esencial del Estado, y sostuvo que “el panorama no es el más alentador y persiste el menoscabo sistemático del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes de Ibagué, ante el déficit de aulas para que reciban sus clases en condiciones dignas; al igual que se pone en riesgo al patrimonio público”.
