La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Alvarado, Tolima, Yesid Fernando Torres Ramos (2012-2015), el exalcalde (E), Álvaro Palma Orjuela, y ocho exfuncionarios que cumplieron labores de supervisión, por presuntas irregularidades en la contratación de obras civiles, mejoramiento de vivienda de interés social, mantenimiento de vías y rocería, celebrados en la vigencia 2014.
Los demás afectados con la decisión fueron el entonces secretario de Hacienda, Pablo Emilio López Trujillo; los jefes de Planeación e Infraestructura (E), Carlos Fernando Cortés Ayala y César Augusto Martínez, y de la Oficina de Servicios Públicos, Luis Enrique Corral Guzmán; la técnica operativa, Magaly Acosta Romero; el técnico administrativo, Víctor Alfonso Gómez Lozano y la secretaria de despacho (C), Dadiana Andrea Peña Hernández.
El ente de control les reprochó la posible participación desde cada una de sus competencias funcionales, en contratos de obra y de prestación de servicios por valor de 60 millones 808 mil 400 pesos, en los que al parecer, no se habrían ejecutado las obras previstas, y se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista.
