Durante 2020 la Defensoría del Pueblo atendió 1.617 casos de violencia basada en género en Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Santander, comprobando el Defensor Carlos Camargo Assis que durante la pandemia se agudizó la violencia contra las mujeres y las personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD).
Las duplas de género de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género en esos territorios, acompañaron durante el año anterior, 1.617 casos de violencias basadas en género. De estos, un total de 515 casos (31%) fueron contra población refugiada, migrante y solicitante de asilo. De esta población, un 12% corresponde a personas OSIGD, como registra el Informe sobre mujeres refugiadas y migrantes emitido por la entidad.
Los tipos de violencia física (18%), sexual (6%), psicológica (42%), patrimonial (6%) y económica (27%) son los que más suceden al interior de los hogares.
El informe indica que “la violencia psicológica constituye el mayor porcentaje dentro de los tipos de violencia expuestos, y es transversal a todos estos, ya que, cualquier hecho que cause daño a la persona en cualquiera de sus formas, desencadena también un daño y sufrimiento psicológico. Este tipo de violencia hace referencia a comentarios intimidatorios, acoso, amenazas, aislamiento, desprecio y humillación, entre otras”.
También se han presentado casos en los que por cuenta de los precarios ingresos económicos, debido a que se dedican en su mayoría a la economía informal, algunas personas “se ven expuestas a la escasez alimentaria y la habitabilidad de calle, por cuenta de los desalojos por incumplimiento en el pago de arrendamiento” e, incluso, a hechos de violencia sexual. El acceso a los servicios de salud y en particular a métodos de planificación familiar, es otro derecho afectado para esta población.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo informó que la institución implementó estrategias de atención individual, grupal, telefónica y en línea; a la vez que, promueve y participa en espacios de promoción, divulgación, talleres de formación y espacios de incidencia, logrando un impacto positivo en el empoderamiento de la población para realizar acciones en pro de la garantía de sus derechos de forma individual y colectiva.
