Uno de los proyectos más grandes de telecomunicaciones que tiene en sus manos el Ministerio de las TIC, para construir 10.000 centros digitales en zonas rurales del país, con una inversión de más de 2 billones de pesos, está en entredicho, en medio de acusaciones sobre un supuesto conflicto de intereses y una posible ventaja indebida por parte de uno de los proponentes.
El proyecto fue anunciado hace algunos meses por la ministra TIC, Karen Abudinen, como un avance importante para conectar a Colombia.
«Por primera vez llegaremos a las zonas más alejadas de nuestro país con una solución de conectividad a largo plazo, porque queremos que las comunidades que viven en las áreas rurales puedan acceder a Internet sin interrupciones y sacar el mejor provecho de estar conectados», señaló en ese momento la Ministra.
Sin embargo, varias inquietudes han surgido sobre este proceso de la licitación, que es trascendental, no solo por su monto, sino porque va a requerir una estructura que garantice la sostenibilidad del servicio por 10 años. Entre los proponentes hay empresas como Claro, Edemsatel y China Great Wall Industry.
El mayor interrogante saltó a la vista en la audiencia de adjudicación realizada el pasado 27 de noviembre.
Ese día, los demás proponentes se enteraron que Camilo Ernesto Valencia Suescún, uno de los asesores jurídicos del MINTIC, era representante de uno de los proponentes de la licitación, la Unión Temporal SES Inred.
“Las otras empresas que están en el proceso y en particular unas que no están habilitadas, sienten que este personaje, al ser un asesor del ministerio, tiene incidencia así sea de forma indirecta en la evaluación, y por ese motivo no hay una evaluación transparente”, le dijo a COLPRENSA una persona que conoce de cerca el proceso y que pidió mantener la reserva de su nombre.
Esta situación llevó a que varias veedurías interpusieran una recusación contra la ministra y solicitaran que se rechace la oferta de ese proponente, por un presunto conflicto de intereses.
Qué dice el Ministerio
Este viernes, el MINTIC informó que rechazó la recusación presentada contra la ministra y que el proceso, al que calificó como absolutamente transparente, seguirá adelante.
La entidad explicó que Valencia Suescún sí fue contratista del MinTIC, pero «no tuvo participación alguna en la estructuración, evaluación del proceso, ni acceso a información privilegiada de este proceso, ni de ningún otro». Además, aseguró que todas las personas que participaron en el proceso suscribieron acuerdo de confidencialidad.
Sin embargo, el Ministerio también reconoció, en el comunicado en que informó sobre la situación, que solo conoció el 27 de noviembre, el día de la audiencia, de la condición de Valencia como apoderado de uno de los proponentes. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de esa situación, aseguró el Ministerio, se dio por terminado su contrato de prestación de servicios con la entidad. El MinTIC aseguró que todo el proceso «se ha estructurado de forma transparente, objetiva, en igualdad de condiciones y cumpliendo los principios de la contratación pública y la función administrativa». Sin embargo, los organismos de control ya están revisando lo ocurrido en la audiencia para determinar si esta situación se traduce en alguna irregularidad.
