Por «falso positivo» en el Tolima condenan al Ejército y al Ministerio de Defensa

Foto: Colprensa

Marco Fidel Ángel, esposo y padre de familia, fue asesinado por miembros del Ejército Nacional en la vía que de Rovira conduce a Ibagué, Tolima. El asesinato del hombre quedó como un triunfo más por cuenta de las autoridades, pues no dudaron en declararlo guerrillero de las Farc muerto en combate.

‘Mario’ y ‘Felipe’, dos militares adscritos a la Regional Inteligencia Militar del Ejército (Rime), contactaron a Marco para departir unos tragos en diciembre de 2007, sin embargo, el panorama cambió cuando decidieron seguir el encuentro en Ibagué y abordaron un vehículo que los llevaría a ese destino.

“Cerca al lugar conocido como la Virgen de Martínez, para el vehículo, sus tripulantes se bajan y es cuando dan muerte al señor Marco Fidel Ángel, al haber sido abatido en un supuesto enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional”, dice la providencia.

Marco, quien departía de manera tranquila con Mario y Felipe, se convirtió en su enemigo número uno, al punto de declararlo como un terrorista que portaba arma de fuego calibre 38 y morral de guerrillero, que había entrado en enfrentamiento contra el Ejército.

Gilma, su esposa y compañera permanente, al notar la ausencia de Marco decidió empezar su búsqueda, no obstante, esta no tuvo éxito y halló a su pareja en el cementerio San Bonifacio de Ibagué como NN.

La mujer tenía la plena certeza que a su esposo lo habían asesinado miembros del Ejército, de ahí que tomara la decisión de avanzar en un proceso judicial, con el que buscaba reparación moral y material para ella y su pequeña hija.

La demanda la presentó hasta 2017, y fue admitida en marzo de 2018, momento en que se notificó al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, sobre sus intenciones de reparación, y sobre lo cometido por miembros de la institución.

Las partes negaron su participación en el hecho aduciendo que actuaron conforme a la ley atacando a los milicianos de las Farc. No obstante, el curso de la investigación demostró que Gilma y su hija tenían razón, a Marco lo habían matado los uniformados del Ejército, e incluso se había fraguado un plan para dar muerte al hombre.

Eduard Laind Bermúdez, un civil, le contó a la Fiscalía la manera en la que no solo participó del asesinato, sino también la “forma fría” en la que se adelantó el plan junto con los dos militares de la Rime.

Con dicho testimonio y las pruebas en poder de la Fiscalía, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué concluyó responsabilidad económica sobre el Ejército. Además, el despacho determinó conceder tratamiento médico y psicológico a Gilma y su hija.

El juzgado también ordenó realizar un reconocimiento público por parte del Ministerio de Defensa, y la cúpula militar, donde se acepte la responsabilidad por la ejecución de Marco, eso sin contar, que dicha información deben hacerla pública a través de redes de internet y un medio de comunicación.

“Se condenará en costas a la parte demandada, Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional, y se fijarán como agencias en derecho a su cargo y a favor de la demandante la cifra de 3.000.000 de pesos, los cuales deben ser incluidos en las costas del proceso”, reposa en la providencia.

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