Luego de que la Fiscalía dictara detención domiciliaria para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se conoció que también se investigará al excandidato presidencial Sergio Fajardo y al exgobernador Luis Alfredo Ramos, por presuntas irregularidades en el convenio que derivó la detención del actual gobernador.
En este caso, la Fiscalía General compulsó copias para que adelanten investigación contra Fajardo y Ramos, por irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz.
El ente acusador busca vislumbrar si Fajardo y Ramos están inmersos en dichas irregularidades dado que trascendió que la contratación habría estado enmarcada en dos administraciones departamentales.
En la investigación de Gaviria, proceso que se adelanta bajo la ley 600 del 2000, la Fiscalía reveló que cuando el mandatario se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25%, que luego se amplió al 29%.
Según la Fiscalía, eso «significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia».
Además, de acuerdo con la entidad, el anticipo fue pagado sin que se hubiera aprobado una garantía contractual para asegurar la destinación correcta de los dineros, lo que habría obligado al contratista a invertir más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.
La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, sin atender los principios de la contratación pública. Una, por cuatro mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal y otra, cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador, para la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
Esta última, según el organismo de investigación, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original. Su valor era de 16 mil millones de pesos.
La investigación contra Gaviria se debe a que, como representante legal del departamento y ordenador del gasto, debió ejercer vigilancia sobre la contratación aunque hubiera delegado esa función.
