IBAGUÉ. Al cierre de esta edición, en el Concejo de Ibagué se ‘cocinaba’ en segundo debate un Proyecto de Acuerdo presentado por los ediles Henry Pava Ibáñez y Luz Stella Ramírez Gómez, que tiene como objetivo según anuncia el propio documento, “dictar normas para la administración, utilización y conservación de los escenarios deportivos de Ibagué”.
Dicho plan ha generado polémica debido a que algunos concejales que están en contra lo asocian con una posible privatización de los cerca de 250 escenarios deportivos (entre municipales y rurales) existentes en la Ciudad Musical.
Tras definir en el primer artículo que se debe entender “por escenario deportivo todo espacio físico destinado a la práctica de alguna actividad relacionada con la cultura física”, el proyecto habla en su tercer artículo que “el municipio de Ibagué – Secretaría de Bienestar Social para la administración de los escenarios deportivos podrá suscribir convenios o contratos para la administración de los escenarios a través de personas jurídicas, entidades descentralizadas de orden municipal, personas de derecho público o privadas legalmente constituidas como Juntas de Acción Comunal, asociaciones, fundaciones, ONG’s, ligas y clubes deportivos, entre otros”.
De llegar a aprobarse el proyecto en el Concejo, el alcalde Jesús María Botero dispondría de cinco días para sancionarlo, situación que lo que lo convertiría en una Ley Municipal, que tendría tres meses para cumplirse, como es solicitado en el primer parágrafo del tercer artículo.
Al entrar en vigencia, Bienestar Social deberá realizar convenios con las personas o entidades que pretenden o están encargadas de los escenarios de nivel uno (Estadio Manuel Murillo Toro, Unidad Deportiva y Parque Deportivo), dos (Mediana magnitud), tres (canchas múltiples) y cuatro (con ‘plancha’ para un sólo deporte).
En cuanto a los precios, el ‘Acuerdo’ sostiene que la “Secretaría de Bienestar Social en un término no mayor a tres meses deberá regular las tarifas para el ingreso y la utilización de los escenarios deportivos, teniendo en cuenta: Tipo, nivel y ubicación del escenario, además de la importancia del evento y los servicios que presta, entre otros”.
Cabe resaltar que el parágrafo uno del artículo siete anuncia que dichas tarifas “serán de obligatorio cumplimiento para quienes administren los escenarios”. Eso sí, en el documento no quedó establecido cuánto podrán cobrar dichos propietarios por el uso de estos lugares, situación que tiene pensativa y preocupada a la comunidad. Sin embargo, allí se habla también de que “no se le renovará contrato a la persona jurídica que se le compruebe una mala administración”.
Opositores
La principal opositora del Proyecto de Acuerdo es la concejala Linda Esperanza Perdomo Ramírez, quien sostiene: “Este es un proyecto en el que se evidencia la mala fe, según se lee en su articulado. Pretende facultar a la Secretaría de Bienestar Social para que entregue la administración de todos los escenarios deportivos a entes y personas privadas. Eso quiere decir que cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera utilizar un escenario deportivo debe pagar, porque igual si un privado o una persona solicita una administración es porque va a cobrar, ya que nadie lo va a hacer gratis. Eso nos parece supremamente grave”, indicó.
“Esto es facultar a la Administración Municipal para que no cumpla con el deber que la constitución y la ley le mandata. Y es que el Estado es el que debe garantizar el acceso libre y espontáneo de todos los ciudadanos a todos los escenarios deportivos. Obviamente tenemos grandes escenarios que requieren de muchísimo dinero mensualmente para su mantenimiento, pero para eso es que los ciudadanos pagamos impuestos, para que con eso se haga un adecuado mantenimiento. Creo que con este proyecto se va a truncar más el interés de los jóvenes por ocupar su tiempo libre practicando algún deporte”, puntualizó Linda Esperanza, quien manifestó estar respaldada por sus compañeros de Concejo, Vladimir Espin, Augusto Sánchez, Javier Piedrahita, Alfonso López, Humberto Quintero y Albeiro Tique.
Defensores
Henry Pava Ibáñez, quien junto con Luz Stella Ramírez Gómez presentó el Proyecto de Acuerdo, defendió la propuesta manifestando que “no hay compromiso por parte de las personas que han tenido a su cargo los escenarios deportivos, los cuales se encuentran totalmente abandonados y donde actualmente la gente se lucra por ejemplo con los campeonatos de futillo o fútbol. Yo lo digo porque juego en la Ciudadela Simón Bolívar, y allá cobran por la inscripción 800 mil pesos por equipo. La idea con el Proyecto de Acuerdo es amarrar a los que organizan campeonatos para que de esos dineros entreguen un porcentaje para el mismo mantenimiento del escenario deportivo”.
Por su parte, el director del Grupo de Recreación y Deportes de Ibagué, Fabián Gualteros, sostuvo que “este es un proyecto que hacía falta, que tiene como objetivo mejorar y actualizar el Acuerdo actual. Aquí se busca que las administraciones no sean amarradas únicamente a las Juntas de Acción Comunal, no porque lo estén haciendo mal, sino porque hay que tener un control legal. Esto obliga a que haya un compromiso firmado de no tener un lucro personal sino de beneficio para el escenario y la comunidad, la cual no se verá afectada, porque para ellos no habrá tarifas. Para eso se tendrá un control constante de como están administrando el escenario”, dijo.
RONAL RENGIFO ÁLVAREZ
