El registrador especial de Ibagué, Marcelo Lozada, se mostró preocupado por la poca concurrencia de jurados de votación a las capacitaciones. Expresó el funcionario que este es un deber obligatorio y quien no lo ejerza sin justa causa puede recibir multas que equivalen a unos 10 millones de pesos, y en caso de ser servidor público, será destituido del cargo.
El funcionario explicó que existen motivos de exoneración para estas sanciones como grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, madre, padre o hijo; muerte del jurado, o de su cónyuge, madre, padre o hijo, ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores a las mismas; no ser residente del lugar donde fue designado; ser menor de 18 años o mayor a 60 años; o haberse inscrito y votar en otro municipio.
Las capacitaciones se llevan a cabo en la Escuela Superior de Administración Pública, Esap; Colegio San Simón y Alcaldía de Ibagué hasta el viernes 11 de marzo.
