IBAGUÉ. Hasta enero de 2015, Paola Andrea Marín Gómez era una joven abogada llena de metas y sueños. Esperaba su primer hijo, estaba recién graduada como abogada especialista de contratación estatal de la Universidad de La Sabana y había logrado un ‘súper cargo’: era inspectora de Rovira.
Sin embargo, el trabajo cambió tanto el rumbo de su vida, que le tocó salir del país y hoy vive en Estados Unidos, indocumentada.
Según le contó a Q’HUBO, como inspectora, llevó a cabo desalojos, comisiones enviadas por juzgados y atendió todo tipo de denuncias instauradas por la comunidad, entre otras funciones.
Amenazas de muerte. En febrero de 2015, cuando iba a cumplir un año en el cargo, “llegó a mi oficina un señor con apariencia campesina y me dijo que tuviera cuidado que estaba en la mira y que me iban a matar por sapa”, aseguró la joven.
Ese mismo día interpusó la denuncia ante la Fiscalía y le dio a conocer la situación al alcalde de la época, Diego Guerra, pero nada de esto fue suficiente.
“Después recibí llamadas y panfletos donde me decían que debía irme y no volver. En una oportunidad, me enviaron una corona de flores con mi nombre en cinta morada”, dijo.
¿Quién? Al parecer, Paola Andrea ordenó el desalojo de una persona integrante de un grupo paramilitar, quien no le ‘perdonó’ la decisión.
Los mensajes y llamadas continuaron afectando su vida laboral, emocional y la salud de su bebé, quien se encontraba en etapa de gestación.
Carro sin placas. La situación llegó a tal punto, que en una ocasión, estando en Ibagué, un carro sin placas la atropelló y huyó del lugar. Gracias a la reaccion de su esposo, quien la empujó, los daños físicos sólo fueron moretones y raspaduras.
Ante la zozobra, meses después renunció al cargo, se radicó en Ibagué y después en Pereira, donde vivió escondida ya con su hijo en brazos.
Sin embargo las llamadas continuaron y en agosto de 2016 la familia salió del país. Dijo que Las autoridades nunca la prestaron la protección requerida y a mediados de 2017, “me comuniqué con la Fiscalía Sexta Seccional de Ibagué y para mi sorpresa, un agente del CTI dijo que el caso estaba archivado”, puntualizó.
