El Pacto Nacional por la Vida y la Salud, compuesto por más de 120 organizaciones de salud, gremiales, sindicales, académicas y sociales, le pidió al Gobierno Nacional y a los gobiernos departamentales y municipales decretar cuarentenas territoriales obligatorias de al menos tres semanas que reduzcan la velocidad de contagio en los departamentos con un inminente riesgo de colapso en los sistemas de salud.
Según el Pacto, “pese a la magnitud de casos, de fallecimientos, y a las muchas voces que reclaman un manejo mejor en la prevención y atención de la pandemia, la situación no ha mejorado, sino que, por el contrario ha empeorado en los últimos días, al punto de que los servicios de salud en las principales ciudades no dan abasto”.
Afirman que a pesar de que el Ministerio de Salud y las autoridades de salud departamentales intentan dar un parte de tranquilidad, la disponibilidad de la capacidad instalada de camas UCI es crítica.
“La falta de camas UCI no solo afecta a las personas con diagnóstico de covid-19 en estado crítico, sino a cualquier persona que enfrente una condición de salud grave y necesite manejo en una UCI como lo son aquellos con enfermedades cardiovasculares y accidentes de tránsito”, aseguran en su comunicado.
El Pacto asegura que la falta de UCI, de medicamentos, de personal suficiente para la atención médica y de desprotección al personal de salud ha mostrado que el sistema de salud actual ha sido incapaz de coordinar e integrar las respuestas de atención individual y de salud pública necesarias para controlar y suprimir la pandemia.
“Por eso, hoy no llamamos, sino que demandamos al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para salvaguardar la vida de los colombianos y las colombianas, especialmente de los más pobres y vulnerables y en las regiones más críticas”, enfatizan.
Por eso, solicitan establecer cuarentenas territoriales en los departamentos con mayor riesgo de colapso en los servicios de atención en salud, así como garantizar una renta básica para las familias más vulnerables con el fin de que puedan cumplir con dicha cuarentena o para poder guardar aislamiento en caso de que un miembro de su familia de positivo para covid-19.
Las asociaciones médicas y sociales también solicitan que el gobierno centralice nuevamente en manos del estado la realización de pruebas para diagnosticar el covid-19, ya que “las EPS no han respondido como corresponde o han hecho una vigilancia epidemiológica pobre”.
Solicitan además que el gobierno tenga el control de las camas UCI para que no existan desigualdades de acceso ni mayores inequidades con la población vulnerable, así como centralizar el manejo de ambulancias aéreas y terrestres y fortalecer de manera urgente las redes de vigilancia epidemiológica, la búsqueda de casos activos y el seguimiento de contactos en el país.
El Pacto también le solicitó al gobierno que tome medidas urgentes para garantizar la disponibilidad de los medicamentos para atender a los pacientes críticos, al igual que una protección real y efectiva a los trabajadores de salud en primera línea de atención contra el virus.
Pero, sobre todo, solicitaron negociar de forma urgente con los laboratorios para que la vacunación contra el covid-19 comience lo más pronto posible, teniendo en cuenta las condiciones técnicas reales de las diferentes zonas del país, pero además, piden priorizar la población no solo por sus criterios de edad y enfermedades preexistentes, sino también por sus condiciones socioeconómicas.
“Priorizar por criterios socioeconómicos, pues son las personas de los estratos uno, dos y tres, trabajadores, indígenas y afrodescendientes sobre quienes ha recaído la mayor carga de la enfermedad y muerte de esta pandemia”, solicitaron.
Por último, hicieron un llamado a la ciudadanía a cumplir con las medidas preventivas, a guardar una cuarentena ante una eventual sospecha de contagio y a guardar la vida propia y de los demás en medio de la pandemia del covid-19.
