Luego de que varios jefes de las extintas Farc reconocieran su responsabilidad en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y otras cinco personas, varias voces, entre ellas la del Alcalde de Cali y el Arzobispo de la ciudad, han pedido que también se diga la verdad sobre la participación de esa guerrilla en el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, acaecido en Cali el 16 de marzo del 2002.
Y aunque sin nombrarlo, los interrogantes apuntan especialmente a Pablo Catatumbo, no solo porque para entonces era la cara más visible de ese grupo armado en esta zona del país, sino porque en el 2011 fue condenado por la justicia ordinaria a 25 años de prisión por ese caso, sentencia que luego fue reversada.
El País contactó al hoy senador del partido Farc para conocer su versión sobre el magnicidio y este aseguró: “No participé directa o indirectamente en el asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino”.
Además, dice estar dispuesto a hacer los aportes que se requieran para reconstruir la verdad del conflicto armado y político en el Valle del Cauca, “lo cual puede brindar elementos para buscar de fondo los actores que posiblemente estuvieron involucrados con el homicidio”.
¿Qué tiene que decir sobre la participación de las Farc en ese hecho?
Respecto al crimen de monseñor Isaías Duarte Cancino debo decir que yo, en 2002, condené su asesinato y rechacé categóricamente cualquier relación de nuestra organización con ese acto execrable.
El Partido Farc está comprometido integralmente con el Acuerdo de Paz firmado con el Estado colombiano y esta decisión es irreversible. Lo reitero: No tuvimos ninguna participación en ese homicidio. Por el contrario, lo condenamos.
Usted, como jefe máximo de las Farc en el suroccidente del país, ha sido señalado como responsable del asesinato. ¿Qué tiene que decir?
Es importante que se sepa que en aquella época yo no era el máximo comandante del suroccidente, porque aún vivía Alfonso Cano. Las Farc-EP no teníamos ningún motivo para considerar a monseñor Duarte Cancino objetivo militar.
Por esos días bastante teníamos con enfrentar las hordas paramilitares que actuaban al amparo de la Tercera Brigada y de las mafias del cartel del Norte del Valle. Para mayor precisión, en ese tiempo me encontraba a cargo de la Columna Móvil Alirio Torres, como lo he manifestado en la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Para entender el homicidio de monseñor Duarte Cancino yo recomendaría que se estudie el contexto de la época y del caso.
¿Cuál es ese contexto, según usted?
Monseñor Isaías Duarte Cancino, ocho días antes de su asesinato, mencionó que existían muchos dineros calientes en las campañas electorales y advirtió en una entrevista a RCN que pronto mencionaría los nombres de quienes estaban introduciendo esos dineros.
Por esos días, dos de los candidatos a la Cámara eran Nancy Montoya, hermana de Diego Montoya, esposa de alias el Diablo, y el general Jaime Ernesto Canal, y Cali y el Valle del Cauca estaban inundados de pasacalles y costosas vallas haciendo proselitismo a esas candidaturas. A los pocos días de esa declaración, monseñor fue asesinado.
No estoy señalando a esas personas como autoras del crimen, pero lo raro es que la Fiscalía nunca consideró abrir esa línea investigativa.
Usted y otros miembros del Secretariado fueron condenados por la Justicia ordinaria a 25 años de cárcel por ese hecho, pero luego esa sentencia fue reversada.
Unas versiones dicen que hubo errores de procedimiento y otras que fue para facilitar las negociaciones en La Habana. ¿Qué responde?
No deja de llamarme la atención que haya quienes le atribuyan a las Farc EP, una guerrilla que decían que estaba derrotada, el poder para interceder e influenciar ante los estrados judiciales. Y eso de que lográramos reversar fallos de hondo calado no cabe ni en un libreto de ciencia ficción. El motivo por el cual fue reversada esa condena es porque el Tribunal Superior de Cali no tuvo material probatorio suficiente para sostener esa tesis. Eso es lo que dice el fallo.
En el 2013, la revista Semana publicó, al parecer con base en ese expediente, que monseñor habría dicho que “la guerrilla lo había amenazado y que Catatumbo lo estaba señalando de paramilitar“…
Jamás he dicho eso, es falso. Yo no tenía motivos para hacer señalamientos en contra de monseñor; menos razones para decir que fue paramilitar. Nunca lo conocí siquiera.
En ese artículo se recoge un testimonio del exguerrillero Romero Salgado, quien habría oído decir a los autores materiales del crimen que “Pablo Catatumbo todavía debía esa plata, pero que la iba a pagar y que habían contratado una oficina de sicarios”. ¿Qué responde?
No conozco al señor que usted menciona. Y esto me suena a otro caso de investigaciones mal hechas por parte de la Justicia colombiana, que se acostumbró a culparnos de todo lo que ocurría, sin investigación alguna.
Si admitimos homicidios como el de Álvaro Gómez, que nadie nos los achacaba, ¿por qué íbamos a negar este si lo hubiéramos cometido?
También se ha hablado de una alianza de guerrilla y narcopolíticos del Valle del Cauca, que habrían hecho una ‘vaca’ para financiar el asesinato de monseñor. ¿Qué opina?
En el Valle lo que había en aquella época era una alianza mafiosa narcopolítica y paramilitar. Las Farc no hacían ‘vacas’ con nadie para realizar las acciones que consideraba legítimas.
Ese es el léxico y la forma de actuar de las mafias, no de una insurgencia. Por otro lado, hoy en día existe ya mucha documentación sobre el tema. Soy testigo de cómo en 1999 crearon en el Valle del Cauca el Bloque Calima y este fue apoyado por narcotraficantes, alcaldes, militares y empresarios.
Después se vino la oleada de amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos en Buga, San Pedro, La Moralia, Bugalagrande y Andalucía; después las masacres de El Placer, La Moralia, Barragán, Santa Lucía y Alaska.
Fuimos nosotros, como insurgencia, los que enfrentamos el paramilitarismo y denunciamos esos hechos de atropello contra la población, al igual que esas alianzas entre el poder político y el narcotráfico. No es sino leer las declaraciones del Bloque Calima ante Justicia y Paz para entender esta etapa.
“Si fueron ellos, la guerrilla, que lo reconozcan o que la Justicia los haga reconocer, para que el nombre de mi tío no se pierda”, le dijo años atrás a El País una sobrina de monseñor. ¿Qué le dice a ella y al resto de los familiares del prelado?
Les digo que lamento enormemente el sufrimiento por el que pasaron, que muy respetuosamente comparto el dolor por lo sucedido con su tío y que les aseguro que ni yo ni las Farc EP tuvimos relación con la muerte de monseñor.
Además, me pongo a disposición de la familia para hacer los aportes que se requieran para reconstruir la verdad del conflicto armado y político en el Valle del Cauca, lo cual puede brindar elementos para buscar de fondo los actores que posiblemente estuvieron involucrados con el homicidio de su tío.
La semana pasada, tras el reconocimiento del asesinato de Álvaro Gómez, el Alcalde de Cali le pidió a Farc que señale “públicamente todo lo que conozca y si participó directa o indirectamente en el asesinato de monseñor Isaías Duarte” y lo mismo hizo el Arzobispo de Cali. ¿Qué les responde?
A monseñor Monsalve, a quien respeto mucho, y al alcalde Jorge Iván Ospina les reitero lo que ya he dicho en esta entrevista: mi responsabilidad total es aportar verdad y, en ese sentido, acudiré a las instancias correspondientes. Ojalá lo que conozco de esta coyuntura política sirva para esclarecer este hecho. Como he dicho de manera pública, no participé directa o indirectamente en el asesinato de monseñor.
Qué sigue
– Hecho el reconocimiento público sobre esos seis asesinatos, ¿qué proceso sigue?
Recordemos que la JEP fue creada en esencia para resarcir a las víctimas a través de la reparación con la verdad. Para ello, la construcción de la verdad requiere de un proceso en donde se realiza la versión voluntaria en el cual se presentan los informes; luego se hace una contrastación de la información entre los informes con el acervo probatorio; se realiza una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad en presencia de las organizaciones de víctimas, y se garantiza la participación de ellas en el procedimiento ante la Sala.
