El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del sargento Wadith Velásquez y el mayor Yeferson Tocarruncho, investigados porque, supuestamente, interceptaron ilegalmente los teléfonos de cinco policías en medio de la investigación que desató el escándalo de la denominada ‘Ñeñepolítica’.
El tribunal libró la boleta de libertad de los uniformados luego de que conoció una acción de tutela que presentó el abogado Miguel Del Río, quien defiende los intereses de los uniformados, en el que solicitaba amparar los derechos al debido proceso y libertad.
Los uniformados tienen dos expedientes abiertos. El primero de ellos, y por el cual se llevó a cabo audiencia de imputación de cargos en junio pasado, los vincula con interceptaciones ilegales a cinco miembros de la institución quienes adelantaron un operativo en el que se extravió un dinero.
Lo que dijo la Fiscalía es que Tocarruncho y Velásquez usaron su cercanía con una fiscal para ingresar los números telefónicos de sus compañeros, como parte de la investigación que se adelantaba en contra del ganadero José ‘Ñeñe’ Hernández, asesinado en Brasil en un aparente robo, y de esta manera obtener información sobre si habían cometido algún ilícito en medio del operativo.
Por estos hechos, los uniformados fueron imputados por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
El segundo proceso es por dos nuevas interceptaciones ilegales en el marco de un proceso que adelantaba la Fiscalía 21 especializada de la dirección de crimen organizado, donde se investiga el homicidio de Eduardo Rodríguez Pomar.
Según el fiscal del caso, Tocarruncho habría dado las instrucciones a Velásquez para interceptar los teléfonos de Dilman Paz Potes y David Brayan Hernández Caicedo, quienes en el papel eran señalados de ser ‘El Doctor’ y ‘El Caleño’, integrantes de una organización criminal. Pero que en realidad eran el presidente del sindicato de la Universidad del Valle y un ciudadano colombiano particular que nada tienen que ver con la investigación.
Esta interceptación ocurrió entre el 26 de mayo del 2018 al 26 de junio del mismo año en Bogotá, en la sala Graco de la Dijín de la Policía Nacional.
Por esta razón la Fiscalía imputó los delitos de violación ilícita de comunicaciones a los uniformados.
