La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, abogó este jueves porque las instituciones del Estado tengan mayor articulación para investigar y juzgar a los responsables de asesinatos de líderes sociales en el país.
«Es muy importante que las instituciones del Estado estén coordinadas para investigar y juzgar eficazmente todos los casos de asesinatos, amenazas y ataques contra defensoras y defensores, líderes y lideresas sociales en Colombia», dijo la funcionaria en un comunicado.
Añadió que para luchar contra estas violaciones «es esencial» que cada institución del Estado cumpla a «cabalidad con su función -sea ésta de control, de investigación u otro- para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes».
De Rivero aseguró que lo importante es «prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, lideresas y líderes sociales» sin importar el número de casos que ocurran.
«Claramente, lo importante acá no son las cifras. Sería un error creer, frente a lo que está ocurriendo en el país, que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, se trate de 10, 20 o más de 100 casos», manifestó.
Recordó que estas violaciones ocurren en un contexto de incremento de la violencia en varios territorios del país por lo que el Estado debe redoblar esfuerzos para cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
«Colombia tiene los recursos y herramientas necesarias para hacer frente a esta violencia y prevenir eficazmente las violaciones contra defensores y defensoras, líderes y lideresas sociales, siempre que se adopte el enfoque acertado», señaló De Rivero.
En esa dirección, le pidió al Gobierno colombiano avanzar en el desmantelamiento de los grupos armados, promover una reforma rural integral y asegurar la presencia integral del Estado en los territorios.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) calcula que 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2020.
Sin embargo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en su último informe de diciembre, documentó 53 asesinatos, incluidos los de cinco mujeres y analiza 74 casos más.
