Ocuparon bienes de docente de la UT involucrado en el colapso de la tribuna en Neiva

Carlos Alberto Ramos Parrací, docente de la Universidad del Tolima e investigado. Fotos: Archivo y suministradas Q’hubo.

La Fiscalía en cabeza de un delegado de extinción de dominio, en un operativo de la Policía, ocuparon bienes del docente de la Universidad del Tolima, Carlos Alberto Ramos Parrací, involucrado en el colapso de la tribuna occidental del Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva (Huila), ocurrido el 19 de agosto de 2016 y que dejó cuatro personas fallecidas y 11 heridas.

Los bienes

A Ramos Parrací le afectaron el establecimiento comercial Los Girasoles, que estaba a su nombre, dos casas, un vehículo y un lote que estaba a nombre de su esposa Francy Helena. 

Durante el operativo, también ocuparon 12 bienes del exalcalde de Neiva (Huila), Pedro Hernán Suárez Trujillo, avaluados en tres mil 600 millones de pesos. Asimismo, propiedades de la esposa del exmandatario ‘opita’, Madeleine Pantoja, al igual que del entonces jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes. 

Uno de los bienes ocupados es un local comercial en Neiva (Huila). 

 Otra de las propiedades es un lote que está a nombre de la esposa del docente. 

La investigación

Ramos Parrací, docente de la Maestría en Deportes de la Universidad del Tolima, era el encargado de los estudios previos de la remodelación del Estadio y se desempeñó como Director de Deportes y Recreación de Neiva durante el cuatrienio 2012-2015, periodo de mandato del exalcalde Pedro Hernán Suárez. 

Ramos Parrací fue el primer capturado por este proceso que se inició a raíz de la tragedia en el Estadio de Neiva. El docente fue detenido por el CTI de la Fiscalía en agosto de 2017 en Ibagué.

Los exfuncionarios y contratistas son investigados por las presuntas irregularidades de contratación de las obras de adecuación y modernización del escenario deportivo. En la investigación por posibles delitos relacionados con hechos de corrupción que sigue la Fiscalía por supuestas inconsistencias desde la etapa de contratación hasta la ejecución. A esto se suman algunas adiciones presupuestales que habrían sido giradas del Sistema Nacional de Regalías. Por estos hechos, se calcula que el posible detrimento patrimonial al Estado superaría los 24 mil millones de pesos. 

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