En una misiva de cinco páginas, Jonathan Bock, director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, expresó su preocupación al fiscal general Francisco Barbosa, respecto de la imputación de cargos que se conoció este lunes, en contra de Marcela Díaz Soto, funcionaria de RTVC, por presuntamente haber filtrado un audio del entonces director de la entidad Juan Pablo Bieri que pedía modificar el horario del programa ‘Los Puros Criollos’.
A juicio de Bock, su preocupación se centra frente al “uso de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados en la investigación de la Fiscalía en contra de Díaz, quien denunció un caso de censura en el sistema de medios públicos de Colombia».
“El inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público puede generar un ambiente de miedo y autocensura”, argumentó Bock.
El director ejecutivo en cabeza de la Flip solicitó una reunión con el Fiscal General con el fin de extender los detalles de sus preocupaciones frente a las presiones a informantes de investigaciones periodísticas.
Para Bock, la Fiscalía General debe actuar con sujeción a los valores y principios constitucionales sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho, por lo que le corresponde garantizar en sus procedimientos el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en particular, los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la recta administración de justicia, la libertad de prensa y la reserva de la fuente.
“En razón a ello, su despacho debe impartir las directrices a nivel institucional para que las investigaciones cumplan con estos mínimos y apliquen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y libertad de prensa”, dijo en su misiva.
De acuerdo con el directivo, desde la defensa de la libertad de expresión y como sociedad civil “nos resulta imposible entender estos actos de una manera distinta a la de intimidar a la fuente que se ha expuesto por denunciar irregularidades y también a nosotros, a la Fundación para la Libertad de Prensa, en su propósito de defenderla”.
A juicio de bock, imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades es actuar contrario a estándares internacionales sobre protección de denunciantes. “Los mecanismos legales y penales no deben ser utilizados para acosar e intimidar a personas, que como Diana Díaz, se atrevieron de buena fe a entregar información sobre acciones irregulares que ocurrían en la institución pública en la que trabajaba”.
El directivo de la Flip argumentó que en el marco del proceso judicial que se adelanta contra Díaz, la fiscal que adelanta la investigación le solicitó a la mujer permitir el acceso amplio a su correo en las instalaciones de la entidad o por medio de acceso remoto, con el fin de recaudar pruebas en su contra, lo que, a juicio de Bock, resulta a todas luces desproporcionado.
“Este proceso penal contra Diana Díaz es un despropósito en sí mismo, no solo contraviene lo dicho, sino que también es un desgaste para la administración de justicia que evidencia una política de persecución en contra de las fuentes. Desde un inicio, debió ser archivada porque no se divulgó información reservada; se actuó de buena fe para dar a conocer irregularidades; y se trató de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre una irregularidad que no es menor, porque la prohibición de la censura es una garantía central para la democracia”, argumentó el directivo.
Respecto de la solicitud de la Fiscalía sobre una inspección judicial a las oficinas de la Flip, Bock aseguró que fueron notificados de tal situación el pasado 8 de octubre con el fin de evidenciar “los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de Díaz (…) En caso positivo establecer a qué dependencias compareció, en cuántas oportunidades, y obtener toda la documentación de dichos registros de ingreso y salida, así como los videos de seguridad”.
De igual modo, solicitó “allegar en medio magnético copia de la grabación obtenida y publicada por dicha organización el 23 de enero de 2019 denominada “Juan Pablo Bieri, Un Censor Puro Criollo”.
Con la solicitud del ente acusador, para Bock, no existe en la historia de la FLIP un precedente donde de manera “tan flagrante una institución del Estado nos solicitara violar la reserva de la fuente y facilitar información que nos confían nuestros benefactores”.
Para el directivo, la eventual realización de la inspección de la sede de la Fundación afectaría el derecho a la intimidad, a la reserva de la fuente y a la defensa de derechos por parte la FLIP, esto es el cumplimiento de su mandato.
“Esto constituiría una intromisión excesiva de tal magnitud que un juez de control de garantías no avalaría dicha diligencia. Este habría optado por un mecanismo menos lesivo, como solicitar puntualmente la información necesaria de manera selectiva, proporcionada y con una finalidad clara y transparente”, argumentó el directivo.
Bock, por último aseguró que la FLIP siempre ha colaborado con las instituciones del Estado, cuando están enmarcadas en la administración de justicia bajo los principios de imparcialidad y publicidad. “Frente a este caso, recordamos que la FLIP y Diana Díaz ya han dado su testimonio en la investigación contra Juan Pablo Bieri iniciada a principios del 2019 por la Procuraduría General”.
