IBAGUÉ. Cerca de una hora y media duró la Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, leyendo la imputación en contra de la Jueza Quinta Penal del Circuito, Stella Ramírez Vargas.
Según la Fiscal, a raíz de un incidente de desacato instaurado por Norella Mercedes Novoa, por la tutela que falló la Jueza Ramírez Vargas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué encontró irregularidades en la asignación del reparto de la acción legal.
En la investigación adelantada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, C.T.I, encontraron que al despacho de la Jueza Quinta llegaron seis tutelas de ex empleados de la rama judicial, residentes en Bogotá, Villavicencio y Tunja.
La togada conoció del 30 de abril hasta el 17 de septiembre del 2012, de las acciones de tutela de Norella Mercedes Novoa, Julio Hernán Urbina, Mariela Sánchez de Buitrago, María Cristina Molina, Flor Miriam Jiménez y Francisco Melo Becerra.
Al parecer la administradora de justicia, sin competencia territorial porque los beneficiarios no vivían en el Tolima, tuteló los derechos con un término definitivo, lo cual va contrario a la ley, porque tiene un carácter temporal, sin los documentos para acreditar la edad y el cambio del régimen de pensión. Por sus decisiones uno de los pensionados recibió 531 millones de pesos.
Se conoció que fue entrevistado el ex oficial mayor del despacho, Óscar Romero, quien indicó que la jueza le entregó directamente las tutelas, unas en la oficina y otras las recogió en el apartamento de la funcionaria, y le dijo que tenía que fallarlas por un favor que tenía que hacerle a un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, quien le iba ayudar a conseguir un cargo.
La Fiscalía reveló que la secretaria Dora Escobar, al buscar los oficios de reparto presuntamente entregados por la oficina de asignaciones del Palacio de Justicia, mostró seis documentos, que no estaban registrados y que resultaron falsos.
Además indicó que el notificador judicial, hizo las anotaciones que en unos casos las direcciones de los tutelantes, no existían y en otros que en las oficinas señaladas no conocían a los remitentes.
Por lo anterior le fueron imputados los delitos de falsedad en documento público, prevaricato por acción, cochecho propio, y peculado por apropiación a favor de terceros.
Llamadas comprometedoras
Durante la solicitud de medida de aseguramiento, se escucharon las interceptaciones telefónicas hechas a la línea celular, que estaba a nombre del ex oficial de su despacho. La Jueza sostuvo conversaciones con un hombre llamado James a quien le pedía consejos esotéricos. Hablaba con un abogado de Bogotá con vínculos con Colpensiones, a quien le pidió que hablara con otra beneficiaria de las tutelas, porque no podía subir al Tribunal, eso no le conviene porque ‘la matan’. En la última, del 27 de julio, cuando el C.T.I se incautó de los discos duros del computador, la mujer llamó con voz desesperada, que la ayudara, que no la dejara sola, porque se le habían unido los asuntos.
