IBAGUÉ. La vida de un interno de la Permanente Central de Ibagué se llenó de depresión que presuntamente lo hizo tomar la fatal decisión de acabar con su vida mientras permanecía por el delito de extorsión.
Historia. Sobre las 3:00 de la madrugada de ayer un sindicado de la Permanente fue hasta el baño donde se llevó una fatal sorpresa.
Se trataba del cuerpo sin vida de Carlos Alberto Gaitán Andrade, que estaba suspendido presuntamente con un naylon.
Inmediatamente alertó a los policías que acordonaron el sitio mientras continuaban con el protocolo ante el suicidio del procesado: “Se ingresó a la celda para verificar. La inspección ténica del cadáver la realizó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación”, refirió el coronel Jorge Hernando Morales Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.
¿Quién era? Hacía ocho meses llevaba recluido en la Permanente, pues en enero de este año fue detenido por miembros del Gaula de la Policía señalado de extorsionar a pobladores en Purificación, de donde era oriundo.
Supuestamente, Gaitán Andrade, conocido con el alias de ‘Jesús’, se hacía pasar como integrante de las Farc y exigía grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra las vidas de las víctimas.
‘Jesús’ fue capturado presuntamente cuando cobraba cuatro millones de pesos correspondientes a la primera cuota de 20 millones que pidió a una familia ganadera.
Depresión. Q’HUBO conoció que sus días en el centro de reclusión en el barrio La Estación, Gaitán Andrade era callado, no tenía problemas con nadie y en la última semana lo notaron deprimido.
Al parecer, Gaitán Andrade antes de su deceso anunció a algunos familiares que tomaría una fatal decisión.
El lunes el hoy fallecido tenía una audiencia de conocimiento, pero no se llevó a cabo, situación que presuntamente lo desesperó porque el proceso en su contra no avanzaba como él quería.
Hacinamiento
Actualmente cerca de 165 personas con orden de encarcelación están en la Permanente Central y no las reciben en el Coiba de Picaleña, por cuenta, según el sindicato del Inpec, de una tutela que ganaron por hacinamiento.Sin embargo, reiteradamente el secretario de Gobierno, Hugo Ernesto Zárrate, ha manifestado que “la ley penitenciaria no establece una obligación para los municipios, ni de contratar con ellos, ni de asumir recursos para los presos para la justicia penal ordinaria”.
Es de recordar que la capacidad del centro de reclusión es para 70 personas de manera transitoria.
