El Ministerio Público colombiano alertó que existe una alta vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas afectados por ese delito, pues del total de menores de edad reclutados, el 9.2 % pertenece a grupos indígenas y el 6.6 % a comunidades Narp.
La Procuraduría General de la Nación requirió al Gobierno nacional coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para combatir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, pues a la fecha hay reportados ocho mil 246 menores de edad víctimas de ese delito en el país, según cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La solicitud hace parte de las acciones de seguimiento del órgano de control a lo contemplado en la Política Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, así como en la Directiva 10 de 2021 de la Procuradora General de la Nación, en la que pidió respuestas efectivas en la lucha contra ese flagelo.
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