Ibagué. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia del magistrado Ivanog Arteaga, negó la tutela que pretendía nombrar sujeto de derechos al Nevado del Huila, pues no se demostraron concretamente los daños a ese ecosistema. La tutela fue promovida por Juan Felipe Rodríguez Vargas, Diego Fernando Trujillo Marín, Daniel Rubio Jiménez, Andrés Eduardo Paz Ramos y Jhon Fischer Muñoz Camacho, quienes ahora deberán acudir a la acción popular con el propósito de que se puedan dictar medidas cautelares para lograr tal pretensión.
Los vinculados
En la acción de tutela vincularon a la Presidencia de la República, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Minas y Energía; Agricultura y Desarrollo Rural; las Agencias Naciones de Licencias Ambientales (Anla) y de Minería ANM); el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac); la Unidad Administrativa Especial de Parque Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales del Tolima (Cortolima), del Alto Magdalena CAM y del Cauca CRC, y las Gobernaciones del Tolima, Cauca y Huila
Pronunciamiento
La Sala no desconoce los daños ambientales, no obstante, aseguró que es necesario determinar cualitativa y cuantitativamente los daños y amenazas concretas que actualmente existen sobre las zonas sensibles del territorio del Nevado del Huila, lo cual se dificulta por el poco tiempo (10 días) que tiene el juez constitucional para establecer dichos impactos.
Y continúa con un pronunciamiento de la Corte, que se ñala que no en todos los casos de protección de fuentes hídricas y de un medio ambiente la acción de tutela es el mecanismo idóneo para restaurar los derechos fundamentales conexos con colectivos vulnerados o en inminente amenaza.
La acción de tutela
Los accionantes buscaban la protección de los derechos fundamentales invocados a favor de todos los habitantes de la zona de influencia del Nevado, cuyos ecosistemas tanto de flora como de fauna y fuentes hídricas, están en inminente amenaza por la conducta omisiva de las demandadas al no adoptar medidas de protección ambiental.
Según la tutela interpuesta, en tal sector protegido se han licenciado actividades extractivas de metales y minerales a gran escala que afectan de manera directa el acceso al agua potable de sus seis cuencas hidrográficas: los ríos Saldaña, Atá, Bachá, Yaguará, Páez y Palo.
