A través de las medidas cautelares, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP está garantizando la protección y preservación de lugares del territorio nacional en donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
De acuerdo con el tribunal de paz, las medidas cautelares a cementerios y otras zonas son decretadas para garantizar la protección, el cuidado y la preservación de cuerpos sin identificar que podrían estar relacionados con los de víctimas del conflicto armado y que esperan ser entregados dignamente a sus familiares.
Desde el 14 de septiembre de 2018, la JEP, a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, decidió estudiar la solicitud de medidas cautelares presentada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, para proteger 16 lugares del país en donde se presume que habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
El reporte da cuenta que Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre), son los lugares que la JEP priorizó.
La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, trabajan mancomunadamente en una mesa técnica que, desde el 2 de mayo de 2019, estudia las medidas cautelares en Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Caldas, Casanare y Huila.
Respecto de Antioquia, la justicia transicional reportó que se estudiaron medidas cautelares en Hidroituango, luego de que entre el 8 y 9 de octubre de 2019 en una audiencia pública que vincula los municipios ubicados en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, se determinara proteger los cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, al comprobarse que serían provenientes de los cementerios de Sabanalarga, Barbacoas y Peque.
En el marco de estas medidas, la JEP abrió, el pasado 20 de agosto, un incidente de medidas correctivas contra el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, por no entregar a la Jurisdicción los soportes en los que la empresa se basó para realizar el traslado administrativo de cuerpos inhumados en los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo (Antioquia), durante el proceso de construcción de Hidroituango.
En la Comuna 13, La JEP realizó el 17 y 18 de julio de 2019 una audiencia pública en Medellín para establecer si en esta comuna o sus alrededores existían cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado. Dicha audiencia permitió que la Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenara, el 5 de septiembre del mismo año, comenzar la inspección de La “Escombrera, con el fin de levantar registros fotográficos y recaudar material cartográfico de la zona delimitada por la Fiscalía.
En el marco de estas medidas cautelares, la Sección le solicitó, el pasado 10 de agosto a la Alcaldía Medellín apoyar la búsqueda de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 para que Medicina Legal, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, puedan empezar a tomar las muestras de ADN. El material genético se cotejará inicialmente con 59 cuerpos recuperados del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.
La JEP también ordenó, el pasado 11 de agosto, en un lapso de 120 días, buscar víctimas de desaparición forzada en dos zonas de la Escombrera en la Comuna 13: “Polígono Nuevo” y “zona de bajos cambios en la cobertura del suelo». Los lugares estarían ubicados cerca de una base paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, que operó durante varios años en esta zona de Medellín.
En Dabeiba, por su parte, atendiendo la solicitud del Movice, del 15 de agosto de 2019, la JEP incluyó en las medidas cautelares al municipio, especialmente el cementerio Las Mercedes, el presbiteriano y el de la vereda el Salado. Además, del que está ubicado en el corregimiento Caparrucia y el de La Balsita.
El 9 de diciembre de 2019 comenzó la labor de exhumación en el cementerio La Mercedes de Dabeiba. La diligencia, realizada en el marco del Caso 03 «falsos positivos” y del estudio de medidas cautelares, permitió la recuperación de 17 cuerpos.
El 17 de febrero pasado, la JEP entregó el primer cuerpo identificado a sus familiares. Se trataba de Edison Lexander Lezcano Hurtado. Igualmente, se realizó la segunda jornada de inspección y exhumación en Dabeiba.
Se recuperaron 37 cuerpos del cementerio que presuntamente habrían sido presentadas de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado, para un total de 54 cuerpos. Además, se hicieron cinco prospecciones en zona rural del municipio para fijar puntos donde habría restos de personas desaparecidas por las Farc.
Por otro lado, Puerto Berrio fue incluido en el trámite de medidas cautelares el 15 de agosto de 2019, mediante un auto que ordenó agregar a los municipios de Samaná, Victoria, Norcasia, La Dorada en Caldas y Puerto Berrío en Antioquia. Al respecto, se le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, informar las acciones puntuales de exhumación realizadas hasta la fecha en el municipio de Puerto Berrio y en los demás que son objeto de estas medidas.
En San Onofre, Sucre El 24 de mayo del año pasado, la JEP le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) inspeccionar los Cementerios Central y Rincón del Mar, ubicados en dicho municipio. Igualmente, se convocó a una Audiencia Pública en Cartagena el 20 y 21 de noviembre de 2019 para conocer el estado de los cementerios de San Onofre, Rincón del Mar y las fincas La Alemania y El Palmar, en jurisdicción del departamento de Sucre donde habría cuerpos inhumados no reportados o no inventariados, que podrían corresponder a personas desaparecidas.
Al respecto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó medidas de protección restaurativas de protección. Entre ellas, se solicita realizar un estudio técnico para la construcción de un lugar para la memoria en San Onofre. Además, reconstruir el monumento de la memoria que había en la entrada de la Finca el Palmar.
En el Salado, Bolívar, el pasado 26 de julio se inició el trámite de medidas cautelares para proteger el cementerio del municipio, atendiendo la solicitud de la Comisión Colombiana de Juristas. Una vez se levanten las restricciones que impone la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la UIA inspeccionará la zona para recuperar los cuerpos expuestos de quienes presuntamente fueron desaparecidas durante la masacre de El Salado, en el 2000.
En El Copey en Cesar, la JEP decretó, el 21 de abril pasado, medidas cautelares de protección por 90 días para el Cementerio San Martín, denominado también “De los Pobres” en Aguachica (Cesar) y así evitar la pérdida parcial o total de cuerpos de personas no identificadas. Por eso, ordenó la suspensión de actividades de exhumación y traslado de cuerpos existentes en ese cementerio.
En el marco de las medidas cautelares provisionales decretadas en cementerio alterno de El Copey, la JEP ordenó, el 31 de julio pasado, la suspensión inmediata de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado de estructuras óseas existentes en el lote o cementerio alterno a este municipio de Cesar.
En Norcasia, Samaná y Victoria, en Caldas La JEP ordenó que el partido político Farc aporte información sobre el paradero de posibles lugares de inhumación o destino de los cuerpos de personas desaparecidas en dichos municipios, por hechos que vinculan a los frentes 9 y 47 de las extintas Farc-EP. Esto, en el marco de estudio de las medidas cautelares que evalúa la JEP en Caldas.
En Riosucio y Supía, por su parte, la Sección de Ausencia de Reconocimiento, a través de un auto emitido en mayo pasado, investiga la ubicación de personas dadas por desaparecidas en el resguardo indígena de San Lorenzo, ubicado en tales municipios. Hay una lista de por lo menos 50 personas pertenecientes al pueblo indígena Embéra Chamí de las que no se sabe su paradero.
En Yopal, Casanare, la JEP ordenó a la Alcaldía del municipio, que por un término de 6 meses, se abstengan de expedir licencias de urbanismo para obras civiles, de construcción o similares que impliquen cualquier tipo de afectación o modificación del antiguo cementerio de la capital del Casanare, en donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas por el conflicto armado. Esto, en el marco de las medidas solicitadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio la Esperanza de Yopal.
En Neiva, Huila, el tribunal de paz, comenzó el 4 de diciembre de 2019 el estudio de medidas cautelares para proteger el Cementerio Central de Neiva a partir de la solicitud hecha por la Alcaldia. En el lugar habría 300 cuerpos de personas no identificadas por hechos relacionados con el conflicto armado. También, el 22 de abril pasado, vinculó a la Gobernación del Huila, Alcaldía y Diócesis de Neiva en el trámite de medidas cautelares sobre cementerio central de esa ciudad debido a que existe un proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, que implicaría el traslado del Cementerio Central.
A través de sus casos territoriales, la JEP también está investigando la desaparición forzada en el marco del conflicto armado, con base en 23 informes que sobre estos hechos han entregado organizaciones de víctimas y entidades del Estado a la Sala de Reconocimiento y que están siendo procesados por el Grupo de Análisis e Información (GRAI).
En el caso 02, que prioriza la situación territorial en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), se investigan más de 100 hechos relacionados con conductas de desaparición forzada, que representa para los pueblos étnicos diferentes tipos de afectaciones.
En el caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá, la JEP ha identificado 69 casos de desaparición forzada asociados con otras conductas como homicidios selectivos, desplazamientos y reclutamiento.
En el caso 05, que prioriza la situación territorial en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, se han identificado 35 hechos victimizantes de desaparición forzada.
Para investigar estos hechos se ha solicitado información a la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, las Personerías Municipales, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y se indaga en las 42 versiones voluntarias ordenadas dentro del caso la información que conozcan los comparecientes sobre ubicación de personas, cadáveres, fosas y cementerios.
El panorama de desaparición
El Centro Nacional de Memoria Histórica, reportó hasta septiembre de 2018, alrededor de 80.472 víctimas de desaparición forzada, de los cuales, la mayor concentración la tiene Antioquia con 19.794 casos, seguida de Meta (5.280), Magdalena (3.906), Valle del Cauca (3.874), Cesar (3.755), Caquetá (3.290), Norte de Santander (2.979), Putumayo (2.928), Córdoba (2.714), Nariño (2.292), Guaviare (1.794), Caldas (1.691), Arauca (1.689), Tolima (1.655), Cauca (1.488), Cundinamarca (1.478) Casanare, (1.219), Chocó (1.593), Boyacá (1.116), Bogotá (1.097), Sucre (945), La Guajira (874), Huila (749), Atlántico (707), Risaralda (650), Vichada (362), Quindío (285), Vaupés (73), Guainía (41) y Amazonas (31).
El reporte del Centro da cuenta que entre 1990 y 1994, durante el mandato de César Gaviria, se registraron 6.612 desapariciones, entre 1994 y 1998, durante el mandato de Ernesto Samper, se presentaron 11.178, entre 1998 y 2002, durante el mandato de Andrés Pastrana presenciaron 22.986. Entre 2002 y 2006, el informe reportó 17.856, mientras que en el periodo de 2006 a 2010, se registraron 6.216. Cabe mencionar que, en este caso, fue la reelección del exsenador Álvaro Uribe Vélez, mientras que en la reelección de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2018, se presenciaron 2.642 desapariciones forzadas.
