El aumento de masacres en el país sigue generando controversia a nivel internacional, desde donde se le insta al presidente Iván Duque a hacer mayores esfuerzos por contener este tipo de crímenes en los territorios más apartados del país.
Al llamado que venían haciendo distintas organizaciones y representantes de la diplomacia internacional , recientemente, se sumó una carta enviada por Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Estados Unidos y otros miembros del Congreso de ese país en la que le expresan al presidente Iván Duque su preocupación ante los hechos.
“Como viejos amigos de Colombia escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el reciente asesinato de cinco adolescentes afrocolombianos en Cali y una serie de asesinatos masivos, y para instar a su Gobierno a que lleva a cabo una investigación exhaustiva para garantizar la justicia a las víctimas y sus familias”, escribieron los representantes del Congreso estadounidense.
La ola de violencia que se ha registrado durante los últimos días ha venido poniendo al país ante el escrutinio internacional, en especial, porque en la mayoría de territorios donde han ocurrido estos hechos, la población es vulnerable y hay presencia de grupos al margen de la ley.
El presidente Iván Duque reconoció que la masacre ocurrida en Samaniego, Nariño, en la que murieron ocho jóvenes, se originó por el fenómeno del narcotráfico. “Estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico, por la presencia de grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos lugares del territorio y los hemos enfrentado con total determinación y los seguiremos enfrentando”, dijo.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que existe una gran preocupación por este tipo de homicidios y reiteró la necesidad de proteger a estas comunidades, a los líderes sociales y a los excombatientes de las FARC.
Los embajadores de Francia (Gautier Mignot) y Alemania (Peter Ptassek) en Colombia también manifestaron su preocupación por los hechos e, incluso, la misma Cancillería salió a responder que acogía a sus recomendaciones.
“Colombia es un país abierto al escrutinio internacional y comprometido con la plena garantía de los Derechos Humanos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos opera en el país desde 1996; la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, desde 2005 y la Misión de Verificación de Naciones Unidas que acompaña la implementación del Acuerdo suscrito en 2016 por el Gobierno con la antigua guerrilla de las FARC, desde 2017. En el marco de todos estos mecanismos, el país recibe recomendaciones y observaciones, destinadas a fortalecer las capacidades institucionales para avanzar en la estabilización y la consolidación de los territorios”, señaló la Cancillería.
De acuerdo a la carta de los congresistas estadounidenses, este tipo de asesinatos con producto de la continua falta de presencia del Estado en territorios históricamente marginados, por esa razón instaron al presidente Iván Duque a implementar el acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc en 2016.
“Es fundamental que el gobierno colombiano lleve a cabo una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a los autores de estas recientes masacres”, señalaron los congresistas.