IBAGUÉ. Sin un techo dónde pasar la noche y sin trabajo, viven en Ibagué al menos siete familias provenientes de Chocó, las cuales fueron desterradas de su tierra natal hace más de cinco años como consecuencia del conflicto armado. Aunque han sobrevivido vendiendo dulces en los semáforos, la situación es difícil para estas personas que reclaman garantías para salir adelante. Como ellas, más de dos mil personas afrodescendientes buscan oportunidades en ‘La Musical’, luego de ser víctimas de la violencia en Colombia.
Los sacaron de su tierra
Kelly Marcela Hurtado Valencia se dedicaba a la pesca y a la venta de plátano y chontaduro en su natal Quibdó – Chocó. Sin embargo, cuando los grupos armados amenazaron con llevarse a sus hijos para la guerra, tomó la decisión de emigrar junto a su familia a otro departamento para salvaguardar su vida. “Estoy desplazada desde 2013 y primero llegamos a Medellín, pero allá el ambiente en los barrios es muy pesado. Estamos radicados en Ibagué desde hace tres años y aunque la ciudad es tranquila, estamos cansados de que para nosotros no hayan oportunidades. Cansados de pedir en los semáforos, de vender dulces sin encontrar una posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida. Además, en la Unidad de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto, (UAO), nos han negado varios meses de subsidio como desplazados”, indicó la mujer, quien en las últimas semanas optó por instalarse frente a las instalaciones de la Alcaldía, con el fin de buscar apoyo de la Administración Municipal para conseguir una vivienda, pues paga $6 mil pesos diarios desde que llegó a Ibagué por un albergue para ella y los suyos. Y es que, según el representante legal de la Asociación Afrocolombiana Víctima del Conflicto Armado Interno del Tolima (Asfrovictol), Luis Ángel Sinisterra Viveros, el 80 por ciento de la población afrodescendiente que está radicada en Ibagué, corresponde a personas desplazadas por la violencia. De Buenaventura, Chocó y Tumaco proviene la mayoría.
En busca de una casa
En su desespero por encontrar mejores opciones de vida y de tener un techo propio, la familia de Hurtado, en compañía de otros afrodescendientes, arribaron a un lote ubicado en inmediaciones de La Variante para construir una casa. Sin embargo, habrían recibido la visita del Esmad para desalojarlos del terreno del que se apropiaron de forma ilegal. “Vamos a la Alcaldía pero siempre nos mandan para la UAO y es que allá hace más de cuatro años que no nos llega la ayuda como corresponde. Se supone que los recursos destinados a la familia son de 950 mil pesos por cada tres meses, sin embargo, el año pasado recibí sólo 210 mil pesos por mi núcleo familiar que está compuesto por siete personas. En este momento la problemática no es solo recibir esa plata porque eso no nos alcanza para vivir, lo que buscamos es que de alguna u otra forma se nos garanticen los servicios de salud para nosotros, de vivienda y de educación, tal como ha sucedido con los venezolanos que han llegado a Colombia bajo las mismas condiciones. Lo que queremos es un trato digno porque ya estamos cansados de mendigar en las calles”, acotó Gino Ibargüen, desplazado de Ismina, Choco, desde el 2009.
Esta redacción se acercó a las oficinas de la UAO, donde una funcionaria explicó que frente al caso de estas familias del Chocó, se organizó una mesa de trabajo en la cual se actualizarían los documentos de estas personas para cumplir con la documentación exigida por el Gobierno Nacional.
Sin política pública
Luis Ángel Sinisterra Viveros, líder de los afrodescendientes radicados en Ibagué, señaló que durante el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo se suscribió un convenio por 53 millones de pesos con la Asociación Afrocolombiana del Tolima Movimiento Nacional Por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, para caracterizar a la población de raza negra y dejar listo el documento para la puesta en marcha de una política pública, en la cual quedarían plasmadas las necesidades de la población afrodescendiente que vive en Ibagué.
“El convenio se concretó en 2018 y el 27 de noviembre del año anterior se terminó de pagar. El documento debía quedar aprobado para que el nuevo mandatario trabajara con eso. Sin embargo, he radicado cartas ante la secretaria de Gobierno y otros despachos, porque a nosotros, que somos los implicados como comunidad afrodescendiente, no nos han socializado nada de lo que trata ese escrito”, mencionó Sinisterra, quien también es víctima del conflicto armado.
Apoyo concreto
Según Luis Ángel Sinisterra, las personas desplazadas por el conflicto armado que llegan a la Ciudad, reciben ayuda humanitaria por un periodo de tres meses, mientras declaran su situación de vulnerabilidad ante la UAO. Después, es desde el Gobierno Nacional que reciben el pago de subsidios. “El problema es que hay muchas falsas víctimas que se han dedicado a vivir de una ayuda y no quieren trabajar. De otra parte, hay quienes exigen una casa rápido y los alcaldes no gestionan casas. Las únicas casas que entregaron gratis aquí en Ibagué, fueron las de El Tejar. En consecuencia, estamos alertas frente a lo que se resuelva con la política pública que ya debería estar en marcha o al menos socializada para que se ejecuten estrategias para el beneficio de la población ”, sostuvo el hombre.
Lo que dice la Unidad de Víctimas
El coordinador de la UAO en Ibagué, Carlos Iván Rubio, se refirió al tema, aclarando que la Unidad no tiene una responsabilidad directa con todas las personas que tengan el rótulo como víctimas o desplazados del conflicto. “Hay casos de 2012 o 2015 y ellos ya están en proceso de transición, lo que quiere decir es que se les tiene que evaluar para la entrega de una ayuda, pero son ayudas humanitarias, no cubren el 100 por ciento del valor de una vivienda. El tema va más allá de entregar una ayuda o una indemnización y quien tiene que generar una acción directa es el gobierno local porque si no se genera un plan de choque con estas familias, es difícil cambiar las condiciones de vida de estas personas”, aseveró el funcionario.
Ruta de atención víctimas del conflicto
- El municipio le brinda albergue y mercados durante tres meses a las personas que llegan desplazadas a Ibagué, mientras las víctimas tramitan sus documentos ante la UAO.
- Luego de que se aprueben los documentos, el municipio cesa la ayuda humanitaria porque la entrega de beneficios queda a cargo del Gobierno Nacional.
- Durante su permanencia en Ibagué, las personas pueden acceder a las ofertas o actividades que oferte el municipio, con relación a proyectos productivos, talleres u otros programas, en los cuales se tiene en cuenta la condición como víctimas del conflicto.
- En cuanto a la disponibilidad de cupos educativos, las personas afrodescendientes y víctimas del conflicto, tienen prelación para acceder al sistema educativo.
