Son 8,2 millones de colombianos los que han sido desplazados forzosamente desde 1985, según lo revela el más reciente informe de Human Rights Watch, que volvió a rajar a la Nación en materia de Derechos Humanos.
Si bien, resaltan el acuerdo de paz al que llegó el Gobierno Nacional y las extintas Farc, para culminar un conflicto que aquejó al país durante más de 50 años, también ponen en evidencia que las dinámicas de la guerra han cambiado y dejan graves afectaciones a la población civil.
El organismo internacional reportó que, durante 2020, la población en varias regiones del país sufrió abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y grupos sucesores del paramilitarismo, además que, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios fueron víctimas de amenazas de muerte y actos de violencia constantes.
El reproche del organismo es en contra del Gobierno, pues, a su juicio, las medidas de protección han sido insuficientes, de ahí que consideren necesario alertar sobre la latente violación de derechos humanos.
“Entre los graves problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas”, argumentó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.
Para el vocero de la ONG, la violación de derechos humanos tiene protagonista, y son las estructuras al margen de la ley que se rehúsan a salir de los territorios.
Por ejemplo, el informe relata que en Cauca, las disidencias de las FARC han cometido homicidios, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También impusieron sus propias medidas para frenar la propagación del Covid-19, incluidos confinamientos, y amenazaron, atacaron y mataron a algunas personas, al parecer por no cumplir con las medidas.
Respecto del ELN, el documento reveló que la estructura siguió cometiendo crímenes de guerra y abusos contra civiles, tales como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil. El ‘Clan del Golfo’, por su parte, acrecentó la presencia en territorio, sobre todo, en Chocó, lugar en donde se disputan con el ELN.
Si bien, las estructuras ilegales parecen ser el dolor de cabeza del Estado, las fuerzas armadas no se quedan atrás, pues el documento de Human también relata los abusos que ha tenido la población por parte de miembros de la fuerza pública.
“Hasta septiembre de 2020, la Fiscalía General había iniciado más de 2.000 investigaciones sobre presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, y había conseguido más de 900 condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios”, dice el documento, que expone que en general las autoridades no han procesado a altos mandos del Ejército involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos.
El informe de Vivanco resaltó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues
más de 250 miembros de las fuerzas armadas han declarado por su rol en falsos positivos ante la justicia transicional.
Líderes sociales
Otra tarjeta roja de Human para Colombia es el asesinato de líderes sociales, debido a que hasta septiembre, la Fiscalía General estaba investigando 397 casos de homicidios de defensores de derechos humanos cometidos desde 2016 y había obtenido condenas en, al menos, 61 casos.
“Las autoridades han logrado avances mucho más limitados en el procesamiento de los autores intelectuales o determinadores de homicidios de defensores de derechos humanos”, expuso Vivanco.
El funcionario añadió que la mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo la producción y el tráfico de drogas. Entre estas zonas se incluyen los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y la región de Bajo Cauca.
Destacaron que la Unidad Nacional de Protección ha otorgado medidas de protección individuales a cientos de defensores de derechos humanos que han denunciado amenazas, y que las medidas tomadas incluyen teléfonos celulares, chalecos antibalas y escoltas.
