Originaria de una etnia pacífica violentada por la guerra, Ana Manuela Ochoa Arias se salvó de ser reclutada por grupos armados, estudió derecho y defendió los pueblos autóctonos. Hoy, es la única magistrada indígena del Tribunal Especial para la Paz en Colombia.
«Soy parte de un pueblo (…) muy afectado por el conflicto» y «mi mayor intención es contribuir para que lo que nos pasó a nosotros no le pase a ningún otro», señala en entrevista exclusiva con la AFP en Bogotá.
De mirada viva y tono pausado, esta jurista, graduada de una universidad prestigiosa, apuesta por el «diálogo» para reconciliar una sociedad lastimada por casi seis décadas de violencia.
Nació en los primeros años del conflicto, el 3 de agosto de 1972, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se levanta a más de 5.700 metros sobre la costa Caribe (norte).
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene un 53% de mujeres (de 51 miembros) y cuatro magistrados indígenas, Ana Manuela es la única con asiento en el tribunal.
«Es cierto que soy la única mujer indígena en el tribunal (…) Pero esa cuestión no me gusta. Yo me comprendo siempre en comunidad», declara esta abogada.
La JEP, compuesta de un tribunal y tres salas, nació del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ofrece a exguerrilleros y militares penas alternativas a la prisión si admiten sus crímenes, indemnizan a las víctimas y renuncian para siempre a la violencia.
Para Ana Manuela, este concepto de justicia restaurativa -propio también de los indígenas que representan un 4,4% de los 50 millones de colombianos- puede «aportar mucho al país».
Extractos de la entrevista
– ¿Cómo ha influido en su vida el conflicto armado?
«Yo soy indígena kankuama (…) Soy parte de un pueblo muy afectado por el conflicto (…), nos asesinaron unas 400 personas en unas dos décadas. Eso me llevó a pensar en estudiar derecho para defender los derechos de mi pueblo y (…) ayudar a la paz.
El territorio en que yo me crié (…) fue en su momento declarado zona roja por la presencia de actores armados.
Escapé al reclutamiento forzado porque mis papás nos (…) mandaron a mis hermanos y a mí a estudiar a Valledupar (capital del Cesar, norte).
De esa época, recuerdo un momento que fue muy decisivo en mi vida: cuando asesinaron a mi mejor amiga (…) me enfrenté a los actores armados y les pregunté por qué estaban asesinando mujeres, jóvenes, niñas (…) Y allí creo que empezó todo (…), de pensar en exigir cambios, exigir el cumplimiento de derechos no solamente al Estado, (…) sino también a los actores armados.
Mi familia fue desplazada toda y todos tuvieron que venirse a Bogotá. Éramos 17 personas en situación de desplazamiento forzado».
– ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar al tribunal de la JEP?
«Me gradué con muy buenas notas y (…) llegué a la Universidad de los Andes en 1997 a través de un programa que apostaba a la diversidad. Estuvimos unos cien estudiantes de todo el país, indígenas, afrodescendientes, campesinos.
Allí aprendí una cosa muy importante: reconocernos como seres humanos independiente de donde viene uno.
Trabajé en la Defensoría del Pueblo, luego (en) la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llegué a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en 2008.
Soy formada por la universidad, pero también en el movimiento indígena (…) Conocí la realidad de muchos de los 115 pueblos indígenas de Colombia.
¿Cómo llegué a la JEP? Fue una decisión de comunidad (…) Hicimos la consulta con las autoridades indígenas, con los «mamos», y ellos decidieron apoyarme en esto».
– ¿Cuál puede ser el aporte de la cultura indígena a la paz?
«Para aplicar la justicia restaurativa, uno tiene que sentar al victimario, a la víctima, y si es posible a la comunidad, y tratar de lograr un diálogo entre esas partes (…) Así funcionan en gran medida los sistemas de justicia de los pueblos indígenas. Hace una gran diferencia porque le permite al victimario (…) entender qué daño causó.
También tiene unas finalidades que son reparar y reincorporar a la sociedad a la persona que cometió el delito (…) para que no lo vuelva a repetir.
Para mí, el acuerdo de paz siempre fue una esperanza muy grande (…) Si podemos contribuir a que nos reconozcamos como seres humanos, si podemos sacar a los jóvenes de la guerra y educar bajo otros principios, que sanen corazones (…) tengo la esperanza que nos podamos reconciliar (…) que comprendamos que la guerra, el conflicto, las armas, la violencia no nos han servido».
