El pasado lunes 12 de abril, Miguel Ángel Peña Guzmán, un joven ibaguereño de 21 años de edad, lamentablemente perdió la vida en un absurdo accidente de tránsito en Ecuador. Luego del trágico suceso, además de la pérdida dolorosa para la familia, inició otro calvario: no saben qué procedimiento llevar a cabo para solicitar la repatriación del cuerpo de Miguel y darle sepultura en su tierra natal.
Recién había migrado
José Martinez, padrastro de Miguel, indicó que hacía un poco más de 15 días, el chico había viajado al vecino país, en busca de mejores oportunidades. “Él terminó su servicio militar en 2019 y viajó por tres meses a Ecuador. Regresó en enero de 2020 con la idea de aprender barbería, para volver a ese país y emprender su negocio. Decía que aquí no había muchas oportunidades y que allí le había ido muy bien”, relató don José.
También indicó que en 2020 Miguel quiso viajar, pero debido a la pandemia del Covid-19, tuvo que posponer un año su retorno a ese país: “Él era un chino sano, trabajador. Deseaba emprender y salir adelante”. Pero ese sueño quedó truncado el pasado lunes, cuando al parecer un carro golpeó con su espejo a Miguel en la cabeza y perdió la vida allí mismo. “Él andaba con un amigo, también de acá. Él fue quien se comunicó”, añadió el hombre.
Necesitan ayuda
Tan pronto como se conoció el deceso de Miguel, su mamá viajó hasta Bogotá para solicitar al consulado la ayuda necesaria para retornar el cuerpo del joven y realizar las honras fúnebres. Sin embargo, la respuesta que le dieron en esa dependencia es que no estaban atendiendo y que el derecho de petición que presentó, se lo responderán en 15 días. “Ella regresó de Bogotá destrozada. No tenemos dinero y no sabemos qué hacer. Estamos desesperados porque en todas partes le cierran las puertas a uno”, expresa don José.
Q’HUBO contactó al abogado Joaquín Torres, conocido como “el Rey de las Tutelas”, quien indicó que debe darse una respuesta inmediata de la Cancillería de Colombia, y que si la familia no cuenta con los recursos, el costo de la repatriación debe asumirlo el Estado. Para esto, según Torres, lo ideal es la intervención de la Defensoría del Pueblo, mediante una Acción de Tutela.
