A las cabezas de las instituciones de la Justicia Transicional le preocupa el recrudecimiento del conflicto armado en el país, las masacres, los asesinatos a líderes sociales, así como la seguridad de los excombatientes de las Farc, así lo expusieron la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, la directora de la Unidad de Búsqueda para personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, y el padre Francisco de Roux, quien lidera la Comisión de la Verdad.
El anuncio lo hicieron este jueves, los directores la de la justicia transicional en el marco de una reunión sostenida con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que, además, de sus preocupaciones presentaron los avances de las entidades y los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz a cuatro años de su firma.
Durante la reunión, el Sistema de Justicia Transicional colombiano, cuya vocería estuvo a cargo de Monzón, informó sobre los avances del Sistema, aún en medio de la pandemia, tales como el avance de los siete macrocasos de la JEP y la realización de audiencias, la escucha amplia y plural a más de 20,177 personas de las cuales el 85% son víctimas, por parte de la Comisión de la Verdad, y la puesta en marcha del Plan Nacional y 12 Planes Regionales de Búsqueda que adelanta la Unidad y que involucran a más de 600 víctimas de desaparición.
Pese a los avances en el Sistema de Justicia Transicional, Monzón dejó de presente que el asesinato de 300 líderes sociales, entre ellos integrantes de comunidades étnicas y mujeres, así como de excombatientes de las Farc que se acogieron al Acuerdo de Paz, es una de sus más grandes preocupaciones.
«A este panorama, se suma la no aprobación de recursos adicionales solicitados por la JEP para 2021, necesarios para brindar protección a víctimas, testigos e intervinientes; representar judicialmente a las víctimas y garantizar una justicia más ágil, transparente y digital», aseguró la funcionaria.
Monzón, en medio del encuentro, solicitó mantener y apoyar las labores de monitoreo y acompañamiento por parte de la Oficina de la Alta Comisionada en un contexto de presiones políticas que se ejercen sobre el SIVJRNR, que pueden afectar la autonomía, independencia y funcionamiento de los mecanismos que lo componen.
Para la Alta Comisionada Bachelet el trabajo de los mecanismos es una piedra angular para poner final al conflicto y sus contribuciones son precisas para garantizar los derechos de las víctimas y reiterando su respaldo y el llamado a que se garanticen condiciones para que los tres mecanismos continúen sus labores con autonomía y plena independencia, incluyendo su autonomía financiera y operar en un entorno seguro.
