La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó el estudio formal de los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla de las FARC contra integrantes de la fuerza pública en 17 municipios del suroeste de Colombia al acreditar este jueves como víctima a un soldado lesionado por una mina antipersonal.
La Sala de Reconocimiento del alto tribunal acreditó al soldado del Ejército, cuyo nombre no divulgó, por las lesiones que sufrió por la explosión de una mina en el marco del Caso 5, que investiga la «Situación territorial en la región del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca».
En un auto, la JEP señaló que el soldado «fue víctima de delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que deben ser esclarecidos por la JEP».
Igualmente precisó que el uso de minas antipersonales puede considerarse como crimen de guerra de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que son aplicables al momento de los hechos y «teniendo en cuenta la naturaleza indiscriminada de estas armas y su potencial de causar sufrimientos innecesarios».
La víctima acusa a los miembros del Frente Sexto de la desmovilizada guerrilla de las FARC -liderado entonces por Miguel Ángel Pascuas, conocido como «Sargento Pascuas» y uno de los cofundadores de ese grupo armado en el año 1964- de ser los responsables de lo que le ocurrió.
Una “decisión histórica”
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, calificó de «decisión histórica» la tomada por la JEP porque «ha reconocido como víctima a un soldado profesional del Ejército de Colombia, quien fue herido por una mina antipersonal».
Igualmente valoró que «este crimen de la instalación de minas antipersonal sea considerado por primera vez» por la JEP como un «crimen de guerra».
«Nosotros desde la Oficina del Alto Comisionado Paz y del Gobierno del presidente Iván Duque continuaremos en la limpieza del territorio de minas antipersonal», aseveró.
Caso 5
Según la JEP, el Caso 5 investiga las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH durante el conflicto armado en 17 municipios del Cauca y Valle del Cauca, dos de los más golpeados por la violencia.
En este caso se han acreditado 83 «sujetos colectivos», entre los que hay 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y dos organizaciones de víctimas.
En total, de estos grupos hacen parte más de 180.000 víctimas, mientras que también se «ha acreditado al territorio ancestral y colectivo, e individualmente a 67 personas».
Imputación por secuestros
Esta decisión se conoció una semana después de que la JEP acusara por primera vez a las FARC por crímenes de guerra e imputó a sus últimos ocho jefes por los secuestros y otros graves delitos relacionados con la privación de la libertad cometidos durante el conflicto armado.
Los imputados son acusados de privar a numerosas personas de su libertad y en consecuencia, la Sala de Reconocimiento también los acusó de otros crímenes de guerra relacionados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Los acusados son Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente de Comunes, partido surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
