Laura Martínez. Un informe del Centro de Estudios Regionales (Cere), de la Universidad del Tolima, en su edición de septiembre denominada: Impunidad en el Tolima Tasa de Imputación del homicidio doloso, delitos sexuales y violencia intrafamiliar 2016 – 2019, abrió el debate sobre la eficacia que tiene la Fiscalía para resolver los procesos que atentan contra la vida e integridad de los tolimenses.
En un caso conocido por Q’HUBO, además de las cifras tomadas del informe, se refleja lo debilitada que está la justicia a la hora de reparar a las víctimas y castigar a los responsables de aquellos delitos que alteran el orden público y la sana convivencia.
La justicia ‘cojea’
El 18 de diciembre de 2010 es una fecha inolvidable para Reinaldo Pardo, toda vez que durante la madrugada de aquel día fue apuñalado por los dos hijos de quien fue su pareja sentimental. Tras la agresión, el mecánico automotriz quedó con una discapacidad irreversible en su brazo derecho, además de cicatrices en la cabeza, a las cuales se suma que después de 10 años la justicia actuó a favor de los ‘pillos’, lo que generó en él un rechazo hacia el sistema judicial y una sensación de impotencia porque, según dijo, su caso quedó impune pese a la sentencia por el delito de lesiones personales que recibieron los responsables.
Y es que lo que debió afrontar Reinaldo Pardo durante los últimos 10 años es un ejemplo de lo que evidencia el reporte que adelantó el Cere de la Universidad del Tolima, en el cual se confirma la alta tasa de impunidad que existe en el Departamento, con relación a delitos como homicidio doloso, delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
Según el informe, basado en la rendición de cuentas de la Fiscalía para el periodo de 2019, solo el 29 por ciento de las denuncias registradas por homicidio doloso recibieron imputación del ente investigador entre 2016 y 2019. Y de esos procesos, solo el 40 por ciento fue castigado con sentencia, es decir, menos de la mitad.
Con relación a los delitos sexuales los resultados son más preocupantes. El estudio da cuenta de que en apenas un cinco por ciento de los casos hubo imputación de cargos, y de este bajo porcentaje de imputaciones, solo el 32 por ciento recibió un fallo condenatorio.
Por su parte, la violencia intrafamiliar ocupó una tasa de imputación de nueve por ciento, mientras que los fallos por este delito se mantuvieron en 21 por ciento.
“Están a favor del pícaro”
Reinaldo Pardo se ofreció a dar su testimonio frente al hecho de violencia que sufrió y por el cual siente que la justicia se le burló en la cara.
Tras el ataque con cuchillo que recibió de manos de los hijos de quien era su compañera sentimental, el hombre estuvo dos días hospitalizado con heridas en la cabeza y una en el brazo que le causó una limitación física permanente. “El caso quedó en manos de la Fiscalía 15, pero siempre sacaban una excusa para no programar la audiencia. Que tenían mucho trabajo, que faltaba el defensor, que tenían otros casos más relevantes y así me tuvieron perdiendo el tiempo cada vez que asistía a las citaciones. La imputación se hizo el 27 de junio de 2016, seis años después de ocurrido el atentado en mi contra”, refirió el mecánico automotriz, quien fue agredido al interior de su taller ubicado en el barrio La Esperanza, luego de una fiesta familiar.
Reinaldo le contó a Q’HUBO que perdió la fuerza de su extremidad y pagó terapias particulares para mejorar su calidad de vida, pero no volvió a trabajar como antes. Aunque administra su propio negocio y le fue más fácil adaptarse a las condiciones, reconoce que el rendimiento en el taller automotriz bajó durante varios meses.
Mientras tanto, sus agresores, que viven frente a su casa, siguieron con su vida sin problema, ya que nunca fueron aprehendidos por las autoridades. “Si yo no pago un abogado eso lo archivan porque ya se iban a cumplir los términos. A mi me dijeron en la Fiscalía que no tenía necesidad de pagar representante porque ellos estaban a cargo del caso y uno se confía, pero todo eso es una mentira. Al final, me contacté con un abogado y él reactivó mi caso, así que después de 10 años los procesados recibieron una condena de 20 meses. Me siento engañado por la misma justicia”, comentó el afectado.
Así las cosas, los hermanos involucrados en este episodio de violencia hicieron un preacuerdo con la Fiscalía, aceptaron su responsabilidad y el 14 de julio de 2020 recibieron la sentencia de 20 meses de prisión excarcelables y sin indemnización a las víctimas.
“El mensaje de la justicia es que el pícaro puede hacer lo que se le dé la gana porque aquí las leyes no sirven para nada. Por eso el ladrón sigue robando y el asesino matando. Ellos nunca aceptaron cargos, siempre negaron lo que me hicieron, pero ya cuando el proceso avanzó y les convenía, entonces hicieron el preacuerdo con la Fiscalía. Eso fue como pecar, rezar y empatar. Al final, no recibieron ningún castigo, eso fue un auténtico desorden entre los fiscales, los jueces y los defensores públicos que pasaron por ese proceso”, concluyó Reinaldo.
‘Asonal’ ya la tiene ‘cantada’
La Asociación Nacional de funcionarios y empleados de la Rama Judicial colombiana, (Asonal), ha cesado sus actividades en distintas oportunidades para exigirle al Gobierno garantías laborales. Entre el pliego de peticiones de Asonal se resalta la ampliación de la planta de personal, ya que hay fiscales que tienen entre 2 mil y 7 mil procesos, lo que genera una sobrecarga laboral, teniendo en cuenta que, según directivos del sindicato, debería haber 65 jueces por casa 100 mil habitantes y en la actualidad solo se cuenta con un promedio de 11 por ese número poblacional. Entre otras exigencias está mejorar la infraestructura y la inversión en tecnología. Aunque la pandemia limitó las acciones de protesta, no se descarta un nuevo plantón de Asonal.
La lucha de Reinaldo
2010: El 18 de diciembre ocurrió la agresión, luego de una fiesta en la que la víctima compartió con sus agresores y la mamá de ellos, con la que llevaba varios meses de relación. En medio de los tragos, los dos hombres arremetieron contra el mecánico.
2016: El 27 de junio de 2016 fue la imputación de cargos y el 5 de octubre de 2016 fue radicado el escrito de acusación contra Julián Edgardo y Andrés Mauricio Manjarres Escandon, por el delito de lesiones personales.
2018: El 12 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia preparatoria ante el Juzgado 12 Penal Municipal. Hasta ese momento los acusados no habían aceptado su responsabilidad sobre el ataque que recibió Reinaldo Pardo.
2020: Cuando el proceso estaba cerca de ser archivado, el abogado de la víctima lo reactivó y el 14 de julio se hizo la audiencia de juicio oral, en la cual los hermanos recibieron la sentencia de 20 meses, sin cárcel ni indemnización.
Panorama sobre homicidios dolosos
La imagen, tomada del informe presentado por el Centro de Estudios Regionales de la UT, se detallan las variables que dejan ver el crecimiento de la tasa de imputación por delitos de homicidio durante los últimos años, donde en 2017 era apenas de 18% mientras que en 2019 alcanzó el 48%. No obstante, la tasa de condena es menor al promedio Nacional. Es decir: “En el Tolima se les imputan cargos a más personas por homicidio doloso, pero menos de la mitad de estas imputaciones terminan en una condena o sanción”, refiere el artículo.
Panorama sobre delitos sexuales
Las cifras relacionadas con imputación de cargos e impunidad de delitos sexuales muestran una realidad más desalentadora. La tasa de imputaciones tiene un promedio de apenas 5%, es decir, el 95% de los casos en el Tolima de delitos sexuales denunciados en la Fiscalía, no dejan como resultado ninguna imputación. De hecho, solo se condena el 32% de los casos imputados.
En resumen, entre 2016 y 2019 se denunciaron 27.374 casos de delitos sexuales en la Fiscalía, de los cuales se imputaron cargos en solo 1.419 casos, y de estas imputaciones solo se condenaron o sancionaron 435 casos.
Panorama sobre violencia intrafamiliar
De las 28.756 denuncias ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar, solo se imputaron cargos en 2.722 casos, y de estas imputaciones, solo se sancionaron o condenaron 574 casos por este delito. Así lo muestra el informe de la UT, que además indicó que la tasa de imputación es del 9%, de los cuales solo el 21% concluye con un castigo para los indiciados en los procesos. Lo que significa que al menos el 91% de los casos denunciados por el delito de violencia intrafamiliar no avanzan hasta la audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía.
Es importante aclarar que durante la emergencia sanitaria por el Nuevo Coronavirus, la denuncias frente a este tipo de hechos incrementaron en el Tolima, según lo expuesto por las mismas autoridades.
DATO
Solo 11 jueces por cada 100 mil habitantes hay en Colombia, según Asonal Judicial.
