IBAGUÉ. Con detención domiciliaria en su apartamento fue beneficiada la Jueza Quinta Penal del Circuito, Stella Ramírez Vargas, investigada por fallar seis tutelas de pensión, sin el lleno de los requisitos legales en favor de seis ex funcionarios de la Rama Judicial.
La decisión la tomó la Jueza Séptima Penal de Control de Garantías, con base en la argumentación de la defensa de la togada, que indicó que era madre cabeza de familia, cuida de su hijo de ocho años de edad, quien es hiperactivo, tiene déficit de atención y recibe tratamientos psicológicos, además fue valorado por un neuropediatra. De igual manera señaló el abogado que el padre del menor no convive con el chico hace tres años y está en un programa de desintoxicación por adicción a las drogas.
Es de recordar que al reiniciarse la audiencia de imposición de medida de aseguramiento que pretendía el ente acusador cumpliera la doctora Ramírez Vargas en la Cárcel de Picaleña, el abogado de la togada hizo el anuncio que la mujer iba a aceptar los cargos por prevaricato por acción y peculado por acción a favor de terceros.
De igual manera dijo que su procurada deseaba colaborar con la administración de justicia, motivo por el cual no aceptó los delitos restantes.
La Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, no se opuso a la decisión de la Juez de Control de Garantías, de conceder la ‘Casa por Cárcel’, pero indicó que la medida de aseguramiento era tomada con base en la aceptación de Ramírez Vargas, por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación por favorecer a terceros.
Es decir la profesional del derecho recibirá una condena por emitir una decisión sin tener competencia territorial, emitirla de carácter definitivo y sin exigir los documentos que acreditaran la edad de los tutelantes.
Además admitió que por su determinación uno de los pensionados recibió 531 millones de pesos.
Ahora un Juez del Circuito, es decir un colega de su mismo rango le emitirá una condena por estas conductas punibles.
Pero el proceso por cohecho propio, o su presunta ejecución de una conducta contraria a la ley con la promesa de recibir una remuneración y la falsedad en documento público, por los seis oficios de reparto falsificados, seguirá.
