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En un fallo de tutela, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad amparó los derechos de los adolescentes privados de la libertad de Ibagué para que ponga en funcionamiento el Centro Transitorio (Cetra) y no tengan que ser llevados a otros municipios o ciudades.
El Procurador 14 Judicial II de Familia interpuso la tutela, en representación de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. Desde el 16 de diciembre de 2021, la empresa operadora que tenía a su cargo el Cetra, no pudo seguir con esta función y la responsabilidad quedó a cargo del Municipio, la Gobernación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) regional Tolima.
¿Esto qué implica?
Como Ibagué y Tolima se quedaron sin operadores de los Centros de Internamiento Preventivo (CIP) y los Cetra, no hay a dónde trasladar a los jóvenes capturados en flagrancia. Los adolescentes y jóvenes detenidos permanecen en un centro transitorio máximo 36 horas, mientras un Juez de la República determina su situación jurídica y posterior ubicación.
Así las cosas, los adolescentes aprehendidos ahora son trasladados a otros municipios o ciudades fuera del Departamento. Asimismo, son remitidos a distintas audiencias.
Y como Ibagué no tiene un centro que se encargue de la custodia de los infractores, se advierte una vulneración directa de sus derechos.
¿Qué ordenó el Juez?
Como primera medida provisional ordenó a la Gobernación, la Alcaldía y al Icbf, que en un término de 48 horas a partir de la notificación lleven a cabo todas las actuaciones administrativas necesarias para que en menos de 72 horas comience a funcionar el Cetra o en su defecto se ubique a los menores infractores en instalaciones que les brinden seguridad, comodidad, atención y cuidado acordes con la dignidad humana.
Como segunda medida, ordenó a las mismas instituciones para que dentro del término de 48 horas contado a partir de la notificación de la decisión, efectúen las adecuaciones físicas y demás adecuaciones al inmueble que será destinado para el Cetra, según lo dispuesto en el Manual Operativo de las Modalidades que atienden las medidas y Sanciones del Proceso Judicial y el Código de Infancia y Adolescencia.
Esta medida provisional que de manera excepcional se impartió por vía de tutela tendrá una vigencia de tres meses, término con el que cuenta el accionante para que instaure las acciones constitucionales de rigor ante las autoridades pertinentes.
¿Desde cuándo ocurre?
Ibagué contaba con un centro a donde los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal eran llevados de manera provisional. No obstante, desde agosto de 2021, no está en funcionamiento debido a múltiples inconvenientes en su infraestructura y fue cerrado. Debido a la situación, se puso en funcionamiento el Centro Transitorio (Cetra) de Ibagué, ubicado en las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (Cespa), a cargo de la Alcaldía de Ibagué y el Icbf Regional Tolima.
Transcurridos dos meses, el Icbf puso en funcionamiento el Centro de Atención Especializado (CAE) San José, con una capacidad menor y en condiciones de baja seguridad. La entidad estaba en manos del Operador Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, el cual, a su vez, asumió el cargo de las modalidades Centro de Internamiento Preventivo (CIP) y Centro Transitorio (Cetra), lo que implicó el traslado de jóvenes a otras ciudades. Meses después, el 2 de diciembre de 2021, la Directora del Icbf informó que dicho operador no continuaría con la operación de las modalidades privativas CIP y Cetra, a partir del 16 de diciembre de 2021. Lo anterior, por la existencia de un desequilibrio financiero, la baja capacidad de los centros en su infraestructura, junto con los riesgos de las personas que trabajan en el lugar y el peligro para la comunidad.
Ante esta situación, le corresponde a la Alcaldía de Ibagué velar por el funcionamiento del Centro Transitorio. Sin embargo, el ente territorial argumentó al Procurador que no podía asumir el funcionamiento del (Cetra) por inconvenientes de contratación, falta de personal y por considerar que no existe norma que le asigne tal responsabilidad.
Entre tanto, el Procurador también le pidió a la Alcaldía adelantar las medidas necesarias para que esos centros para adolescentes continúen funcionando, colaborando con la readecuación y remodelación del Instituto Politécnico Luis A. Rengifo, pero no obtuvo respuesta.
