El Juzgado Octavo Penal del Circuito amparó el amparó del derecho fundamental a la vida digna e integridad personal y a la dignidad humana de los reclusos que se están en la Estación de Policía Permanente Central de esta ciudad.
El Juzgado falló a favor el fallo de tutela interpuesta por los Procuradores 101 y 103 JII Penal de Ibagué, como delegados del Ministerio Público y en defensa de los Derechos Humanos y Garantías fundamentales, en defensa de 372 personas privadas de la libertad (ppl) que están en el centro de reclusión transitoria Permanente Central, cuyos derechos según los accionantes son menoscabados por parte de Inpec y la Alcaldía Municipal de Ibagué. La tutela la pueden impugnar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.
Qué concedió
El Juzgado amparó los derechos a la visita conyugal y a la salud, de los reclusos que están en la Permanente Central.
Ordenó
A la Gobernación del Tolima y a la Alcaldía Municipal de Ibagué, primero que en un plazo de tres meses ejecutar un rubro del presupuesto destinado para estos efectos y realicen las adecuaciones locativas en las instalaciones e infraestructura de la Estación de Policía Permanente Central. Las cuales deben comprender la construcción de celdas, adecuación de las existentes, la reparación de techos, construcción de baterías sanitarias y las que ya existen; así como de los lavaderos, un espacio de atención médica, para recibir el sol y la ventilación, para la recreación, la visita conyugal que ya está habilitada por el Gobierno Nacional y la adecuada alimentación de los privados de la libertad.
Asimismo, les ordenó que en el término de un mes realice las gestiones administrativas necesarias para la unidad familiar a los privados de la libertad, que puedan comunicarse a través de las visitas virtuales, de acuerdo a las normas legales y reglamento actual, con las condiciones de seguridad necesarias.
En salud e infraestructura
También les ordenó que en un término de un mes procedan a garantizar la prestación del servicio de salud de manera continua y permanente a los privados de la libertad que están en el lugar, con la adecuación de un área para tal fin.
De igual manera les ordenó que en un término de 48 horas después de recibida la notificación de esta tutela para que entreguen los paquetes de aseo personal y de bioseguridad a todos los reclusos de la Permanente Central, y para que adecuen espacios apropiados y diferenciados para la población Lgtbi, para lo cual deberá coordinar con la Permanente y con apoyo, y supervisión de la Procuraduría Regional del Tolima.
A la Alcaldía de Ibagué le ordenó que en término de un mes proceda a adecuar de salas virtuales las instalaciones de la Permanente Central, dotándolas con equipos tecnológicos e internet para adelantar las audiencias virtuales judiciales, las visitas de sus familiares y entrevistas con sus defensores.
Al Coiba
La togada ordenó al director del Complejo Carcelario Y Penitenciario Coiba Picaleña y al Director de Inpec, para que en 48 luego de ser recibida la comunicación, trasladen de manera inmediata a las personas que ya tienen una sentencia ejecutoriada que continúan en la Permanente, sin dilaciones injustificadas.
Mesa permanente
Por último el despacho ordenó la creación de una mesa permanente de seguimiento y ayuda conformada y dirigida por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuradora Regional y que debe contar con la intervención del Procurador Provincial y un Procurador Delegado ante lo Penal, el Defensor Regional del Pueblo, el Fiscal General de la Nación a través de su delegado fiscal, el Consejo Seccional de la Judicatura, el Juez Coordinador del Centro de Servicio Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad, el Personero Municipal, un delegado de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía Municipal de Ibagué, la Permanente Central y el Inpec. Esta mesa rendirá un informe bimestral del seguimiento y hallazgos encontrados y sobre los adelantos alcanzados entre las diferentes entidades involucradas.
Evidencia de la visita
Los procuradores visitaron la Permanente Central el pasado 21 de octubre, donde evidenciaron que el espacio diseñado para 80 personas había un hacinamiento del 560 por ciento. Las celdas son espacios mínimos, muchos se ven obligados a dormir en los baños, en el piso o en colchonetas suministradas por los familiares. Los sifones en época de lluvia se rebozan e inundan las celdas.
Las instalaciones no cumplen con las especificaciones de construcción, carece de ventilación, iluminación y sin servicios sanitarios, pues hay un solo baño por cada patio, el cual tampoco cumple los estándares de seguridad por la insuficiencia de personal uniformado, lo que genera un alto riesgo de fuga. Para lavar la ropa las personas disponen de un lavamanos y para cercarla deben pedir permiso para extenderla en los patios sobre el piso. Algunas personas privadas de la libertad son aquejadas por fuertes dolores, otros con erupciones en la piel a causa de insectos, roedores y la humedad, con discontinuidad del servicio médico. Asimismo el manejo de desechos y basuras, Interaseo no recobre los fines de semana, ni feriados, lo que contribuye a la proliferación de roedores e insectos, ni han efectuado fumigación en más de dos meses.
La Alcaldía no entregó el paquete de aseo a los detenidos, lo que genera el desaseo generalizado, ni tampoco los útiles de bioseguridad, así que no disponen de jabón o alcohol para mitigar el Covid-19.
Un tema importante es que las instalaciones no son adecuadas para que los ppl reciban el derecho a la visita conyugal, familiar, ni entrevistas con la defensa, sumado a la falta de personal de guardia. En cuanto a capacitaciones no pueden acceder a la misma para redimir penas, ni sitios para la recreación, cultura, deporte, así que no hay programas de resocialización a los cuales tienen derecho.
De otra parte faltan equipos técnicos para el acceso a la administración de justicia, pues sólo hay un computador y un celular suministrado por un policía para las audiencias de los 372 detenidos; así que no pueden ejercer bien su derecho de defensa y en muchos casos la libertad por vencimiento de términos.
Los detenidos indicaron que la alimentación en ocasiones llega en condiciones de descomposición, sin cubiertos, sin distinción de dietas especiales de acuerdo a las recomendaciones médicas.
Por último pese a tener un listado de condenados, la Regional Viejo Caldas del Inpec no ha autorizado el traslado al Coiba de Picaleña que se niega a recibirlos.
